La necesaria implementación de un Régimen Penal Juvenil ajustado a derecho no implica bajar la edad de imputabilidad como propone el gobierno nacional.

En la actualidad, Argentina es el único país de América Latina que no posee un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. El marco legal que se encuentra vigente es el Régimen Penal Juvenil establecido por decreto durante la dictadura, en 1980, en el que los adolescentes, entre los 16 y 18 años, son considerados punibles penalmente y poseen menos garantías que los adultos. Esto es claramente incompatible con los principios sostenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño que, desde 1994, se encuentran ratificados en nuestra Constitución nacional. Es por esto que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han solicitado la urgente derogación de la normativa nacional para poder sancionar una ley que se ajuste a los estándares internacionales.

Creemos que la construcción de un sistema penal juvenil constituye un aspecto de vital importancia dentro de una institucionalidad democrática. Nos referimos a la puesta en forma de una justicia especializada que cuente con recursos propios y una perspectiva interdisciplinaria, que respete los derechos y garantías en el debido proceso a las personas menores de entre 16 y 18 años, acusados de haber cometido un delito. Un sistema en el que se aplique, como regla, medidas no privativas de la libertad, en el que la sanción penal posea una finalidad de carácter educativo y apunte a la inserción social del adolescente, quedando como excepcional la restricción de la libertad personal.

Esto debe desarrollarse conjuntamente con un Sistema Provincial de Promoción y Protección de Derechos, que permita proteger y restituir derechos antes que el adolescente entre contacto con la ley penal y que, cuando esto ocurra, fortalezca las condiciones del egreso y la reinserción social, promoviendo la construcción de un nuevo proyecto de vida.

Por lo tanto, consideramos indispensable la promulgación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que, sin disminuir la edad de imputabilidad, conforme un sistema que se ajuste a los estándares internacionales y de protección de derechos humanos. Un régimen en el que se privilegien las medidas de reparación del daño causado, la realización de actividades comunitarias o la capacitación profesional, quedando la privación de la libertad reservada, como último recurso y por el menor tiempo posible, para los casos de delitos graves. #NoALaBaja

Mesa provincial Partido SI

Alicia Gutiérrez – Diputada provincial

Gustavo Gamboa – Secretario general