El proyecto solicita al Ejecutivo que informe sobre los hechos ocurridos en el edificio municipal, donde una empleada fue hallada inconsciente y con signos de maltrato.

La Cámara de Diputados, a partir de un proyecto de comunicación presentado por la diputada Alicia Gutiérrez, solicita al Poder Ejecutivo provincial que informe de qué manera ha intervenido, a través del Ministerio de Trabajo y la Dirección de Políticas de Género, en relación al caso de la empleada de la Municipalidad de San Carlos Centro que fue encontrada inconsciente en el edificio estatal y con signos de haber sufrido violencia, en los primeros días de mayo.

Lo sucedido se dio a conocer varios días después, sobre todo a partir de la denuncia penal presentada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) contra el intendente de la localidad, Jorge Placenzotti, quien sancionó a la mujer con una suspensión de 30 días, que luego extendió a 90, por encontrarse en el edificio municipal sin autorización, en un procedimiento cargado de irregularidades.

La legisladora explicó de este modo los fundamentos de este pedido de informe de la Cámara Baja: “Más allá de la investigación que lleva adelante la Justicia y de la responsabilidad penal que le corresponda a Placenzotti, lo cierto es que esta empleada fue agredida y que esto causó la pérdida de su embarazo y que, además, fue víctima de violencia laboral. Por eso el Estado debe intervenir para garantizar sus derechos vulnerados, tanto por su condición de mujer como de trabajadora”.

El proyecto presentado busca conocer si el área encargada abordar los casos de abuso de poder, la Subsecretaría de Coordinación para el Trabajo Decente dependiente del  Ministerio de Trabajo, ha intervenido a partir de las denuncias realizadas por la entidad gremial y de la difusión en los medios de comunicación de otros hechos de violencia laboral y maltrato sufridos por funcionarias y empleadas municipales en San Carlos Centro a manos del intendente actual. Al mismo tiempo, se requiere saber qué tipo de asistencia y contención se le brindó a la víctima desde la Dirección Provincial de Políticas de Género.

“Este caso es grave a nivel institucional no solo porque involucra a un intendente, y en este sentido la justicia deberá dilucidar sobre los ilícitos cometidos, sino también porque exige al Estado provincial revisar cómo están funcionando los instrumentos e instancias de protección de las víctimas ante estas situaciones de ejercicio abusivo del poder”, sostuvo para finalizar la diputada Gutiérrez.