La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados expresó su preocupación al fiscal general por la difusión de información vinculada a estos graves hechos en el marco de la investigación en curso.

Las y los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Silvia Augsburger, Inés Bertero, Germán Mastrocola, Leandro Busatto, Rodrigo López Molina, Claudia Moyano y Alicia Gutiérrez, enviaron una carta al fiscal general de la provincia, Dr. Julio de Olazábal, con el fin de manifestar su preocupación por el tratamiento público dado por la Fiscalía a los datos relevados en el marco de la investigación sobre los casos de abuso sexual a una niña y un niño ocurridos en Reconquista y que tiene como principal acusado a un sacerdote de la ciudad.

En la misiva, los diputados de la Comisión, que se encuentra presidida por la legisladora Gutiérrez, si bien valoraron la actuación del Ministerio Público de la Acusación en el caso, “después de muchos años de indiferencia por parte de la justicia en hechos como éste”, manifestaron su preocupación por la difusión pública de información detallada proveniente del informe pericial. De este modo, señalaron, se están violentando los derechos elementales de las víctimas reconocidos en la legislación supranacional, nacional y provincial.

“La problemática del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes constituye en nuestra provincia uno de los temas más graves y requiere de la intervención del Estado a los fines de reparar derechos vulnerados a las víctimas, como así mismo la cuidadosa intervención en el tratamiento público de estas problemáticas para que no se re victimice a las personas que han padecido este tipo de abusos”, se sostuvo en el texto de la carta enviada al fiscal Olazábal y que fue firmada por los diputados de la Comisión.

Con el objetivo de fundamentar lo anterior, se citó un artículo de Ley nacional, ratificada por la legislación provincial, donde consta que está prohibido “difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar” a los niños, niñas o adolescentes, a través de cualquier medio de comunicación o publicación, que lesionen su dignidad, reputación o imagen “o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.

Por último, los diputados plantearon “la necesidad de extremar en estas situaciones el respeto y cuidado de las personas involucradas”, evitando la publicación de pericias o informes que puedan exponer a las niñas, niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales para evitar su re victimización.