Frente a los recientes casos de femicidios ocurridos en la provincia y las faltas graves cometidas durante los procesos, se exige revisar el proceder de la Justicia.

Los asesinatos de Marlene Franco, en Oliveros, y de Caren Vázquez, en San Antonio de Obligado, son muy diferentes entre sí, pero comparten un denominador común: ser la expresión más extrema de la violencia de género. En estos casos, como en otros tantos, las muertes de estas jóvenes provocaron la conmoción e indignación de la población en las pequeñas localidades en donde se produjo y la reacción inmediata de la familia que se puso a la cabeza de los pedidos a la Justicia.

Lamentablemente, estos dos hechos son ejemplos de las faltas que cometen los fiscales encargados de la investigación y de lo mucho que aún nos queda por hacer para lograr que las instituciones cumplan con la ley en la lucha por la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones.

En los dos casos citados, se produjo la difusión de la información relevada en el marco de la investigación por parte de fiscales o intervinientes en los procesos penales, lo cual afecta la dignidad e intimidad de las personas involucradas, exponiéndolas públicamente y violentando sus derechos. Es por eso que estamos exigiendo que, en hechos como estos, se evalúe con anterioridad cuáles son los datos que se van a transmitir a la prensa y su relevancia para la causa para no lesionar la memoria de las víctimas ni perturbar a sus familiares.

Más grave aún son las declaraciones que hicieron algunos fiscales que contradicen lo estipulado por los tratados internacionales, las leyes nacionales y las directivas emanadas del fiscal general de la provincia. En este sentido, nos llena de preocupación que el fiscal a cargo de la causa por el femicidio de Vázquez haya afirmado que no se pudo actuar de manera preventiva para evitar este fatal desenlace, a pesar de la existencia de denuncias de violencia realizadas por la víctima y su familia, porque ella siempre regresaba junto a su pareja, haciéndola responsable de lo sucedido. Es claro que esto no inhabilitaba el accionar de la Justicia, ni su obligación de proteger a la joven y de reprimir al responsable sin dilaciones.

Si bien nos encontramos viviendo una etapa de transición y adaptación al nuevo sistema procesal penal en Santa Fe, desde nuestro lugar como legisladores no sólo debemos verificar su funcionamiento y tratar de plasmar las normas que hagan a su mejor eficiencia, sino también tomar medidas para que este tipo de situaciones no se repitan. El proceder de algunos fiscales en causas resonantes de violencia sexista, como los que mencionamos anteriormente, da cuenta de la necesidad urgente de capacitar a todos los integrantes del Poder Judicial sobre el abordaje de la violencia contra las mujeres en tanto son los encargados de hacer cumplir la ley. Y, al mismo tiempo, exige la aplicación de sanciones a aquellos que la desobedecen y provocan un sufrimiento y un daño irreparable a la sociedad.