Semana tras semana nos llegan noticias vinculadas a distintos casos de maltrato animal. En general, perros, gatos y caballos sufren encierros, golpes, abandono, exigencias desmedidas por parte de sus dueños que, muchas veces, les provocan la muerte en condiciones lamentables. Todos los años, también, se repiten los accidentes relacionados con animales, choques viales con resultados graves o fatales, mordeduras y disputas familiares o entre vecinos por este motivo.

En la ciudad de Santa Fe, no se vislumbra voluntad política alguna para revertir este lamentable estado de situación. Si bien se creó el “Programa de Castraciones Gratuitas de Perros y Gatos”, éste no cuenta con un fondo fijo dentro del Presupuesto Municipal general. Además, depende de la Subsecretaría de Ambiente que, con solo dos puestos, no alcanza a cubrir ni una mínima parte de la extensión que tienen los barrios santafesinos. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en Santa Fe deberían realizarse al menos entre 80 y 100 castraciones diarias, cifras a las que el programa local ni siquiera se acerca. De esta manera, se dilapidan los escasos recursos públicos destinados al tema, sin posibilidad de alcanzar los objetivos.

Lo mismo sucede con la tracción a sangre, el “Proyecto de transformación de los Recolectores Informales Urbanos” no tiene autonomía presupuestaria y depende de lo hecho en el Programa de Emprendedores. La cantidad de carreros reconvertidos es exigua, por lo que su implementación ha tenido un impacto casi nulo en el universo del problema. Así es como se pasa por alto lo establecido en las ordenanzas Nº 11.917 (regulación de los recolectores informales de basura), la Nº 7.376 (prohibición de TAS en el centro de la ciudad), y su modificatoria Nº 10.203 (autorización de ingresos según horarios establecidos), y lo dispuesto por el “Reglamento General de Tránsito” en su Capítulo IV, Artículo 81 Bis (prohibición de menores en la conducción de carros).

La continuidad de este modo de transporte colabora para mantener a quienes lo utilizan para trabajar en una situación de pobreza extrema, expone a familias enteras a condiciones de insalubridad, pone en riesgo a los demás ciudadanos y condena a los animales al maltrato constante. Es deber absoluto del Estado devolver la dignidad laboral a las trabajadoras y los trabajadores de la basura y terminar con la explotación de los caballos.
Por otro lado, es preciso destacar lo realizado al respecto en la ciudad de Rosario donde, a raíz de la voluntad política del gobierno municipal conducido por Mónica Fein, se avanzó en la reconversión del sistema de tracción a sangre. En poco tiempo, el “Programa Andando” les cambió la vida a 650 familias que hoy pueden dedicarse a nuevas actividades económicas apoyadas y coordinadas por el Estado.

Consideramos que es el Estado municipal, en la figura de quien lo gestiona, el principal responsable de abordar esta problemática, buscando siempre el beneficio mayor para humanos y animales, y de responder por las muertes y los daños ocasionados por la misma. En la ciudad de Santa Fe, no hay excusas para no avanzar decididamente en la protección de los derechos de los animales y mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Cristian Riom
Partido Solidaridad e Igualdad Santa Fe