Uno de los blancos preferidos de las críticas del PRO al gobierno provincial, durante esta campaña, ha sido su política de seguridad. Sus principales representantes locales, con Miguel Del Sel y Jorge Boasso a la cabeza, no pierden oportunidad para decir que saben cómo abordar el problema de la inseguridad y que cuentan con los “equipos de trabajo” necesarios para darle una solución definitiva a la violencia social que tanto preocupa a los santafesinos. Sin embargo, poco se conoce de quiénes conforman esos cuadros técnicos y de las medidas concretas que piensan implementar, es más, parece una estrategia el ocultar esa información a la opinión pública. Uno de los “expertos” convocados por este espacio político para asesorar en la materia es Eugenio Burzaco. Conviene entonces hacer un breve repaso de su trayectoria para evaluar con mayor precisión la propuesta del PRO.

Hijo de un funcionario menemista y hermano de Alejandro, que hoy se encuentra prófugo de la justicia por el escándalo de las coimas en FIFA, evita mencionar algunos de sus principales antecedentes laborales. Por ejemplo, en el currículum de su Web oficial no figura que se desempeñó como asesor de seguridad del gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, como parte de su alianza con Mauricio Macri, durante la represión a la manifestación de maestros que terminó con la vida de Carlos Fuentealba en 2007. Entre 2005 y 2009, fue diputado nacional de PRO por la provincia de Buenos Aires sin mayor trascendencia.
Como Jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma, entre 2009 y 2011, poco se recuerda que el hecho más destacado de su gestión fue la intervención de esta fuerza en «la toma del Parque Indoamericano», a fines de 2010, que ocasionó dos muertos y cinco heridos. Además merece el crédito por haber propuesto la compra de las pistolas Taser, que realizan descargas eléctricas que inmovilizan, cuyo uso fue suspendido por sendos fallos judiciales en tanto pueden actuar como instrumentos de tortura. A pesar de esto, los nuevos aliados del PRO, como Boasso, presentan a la Metropolitana como una policía de “proximidad”, no militarizada y respetuosa de los valores democráticos, cuando en realidad repite, con su estructura piramidal y su accionar, las peores características de la policía dictatorial.

Su versatilidad le permitió ocupar, hasta hace muy poco, el cargo de jefe del Departamento de Seguridad del Club River Plate, donde permitió que “los borrachos del tablón”, como se autodenominan los miembros de la barra brava, siguieran gozando de total impunidad, mantuvieran sus prebendas y amenazaran o golpearan a todo aquel que osara disputar los negocios que comandan. Miembro de la Fundación Pensar, y dueño de una consultora sobre seguridad, hoy suena como un candidato firme para ocupar un puesto en el área si llega Del Sel a consagrarse como gobernador.

¿Pero esto es el cambio que se desea en materia de seguridad para la provincia? ¿Es la Metropolitana de Macri el modelo a seguir? Una fuerza que no ha realizado investigaciones relevantes o logrado la desarticulación de banda criminal alguna, ni la incautación de armas, ni la reducción o amesetamiento de la tasa de criminalidad en la ciudad de Buenos Aires. Por lo que hemos visto, la elección de Burzaco como el especialista idóneo para diseñar el plan para luchar contra el narcotráfico y las bandas criminales en el territorio santafesino es una clara muestra de la predilección del PRO por una política refractaria a los Derechos Humanos. Los santafesinos ya hemos padecido estas políticas en el pasado reciente, sobre todo durante el gobierno de Reuteman, con su saldo trágico de represión y muerte. A pesar de que es indudable que resta mucho por hacer en Santa Fe y que el desafío es grande, no retrocedamos, demos un paso adelante en democracia, tolerancia y extensión de derechos y ataquemos el origen de los problemas.