Las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional dan cuenta de cuáles son las prioridades para su gestión. Frente a la grave crisis económica y social en la que nos sumergieron, se achica el Estado en las áreas donde más se lo necesita.

La serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional con el fin de paliar la grave crisis financiera provocada por el plan económico que se viene implementando desde 2015, apuntó a la reducción de Ministerios que son claves para garantizar los derechos básicos de la población, como salud y trabajo, entre otros. En particular, la propuesta de achicamiento del Estado a través de la eliminación del Ministerio de Salud, que busca acelerar la disminución del gasto público como exige el Fondo Monetario, tomada a las apresuradas ante una nueva corrida financiera, no es una idea original del “mejor equipo de los últimos 50 años”. No es casual que ya fue implementada por los gobiernos de facto del 55, por Carlos Onganía, en 1966, y Roberto Viola, en 1981, durante la última dictadura cívico-militar.

Retrocedemos en el tiempo, hace 69 años que Salud dejó de ser una Secretaría para pasar a ser un Ministerio, durante el gobierno peronista, en 1949. Es evidente que el área de salud pública, que hoy quedará bajo la órbita de de la cartera de Desarrollo Social, no es una de las prioridades de la alianza política en el poder, como tampoco lo son la ciencia, la educación, ni el trabajo. Ya hemos comprobado que no les tiembla el pulso a la hora de recortar los recursos destinados a medicamentos y tratamientos de alta complejidad, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, o de interrumpir programas de vacunación para niñas y niños o campañas de prevención que impactan, sobre todo, en los sectores más vulnerables.

El Ministerio de Salud de Santa Fe, junto a todos los de las provincias del país, ha manifestado su preocupación ante esta iniciativa que retrotrae la situación sanitaria a principios de los cuarenta. Sin un Estado fuerte y organizado es imposible coordinar y articular los distintos sistemas de salud estatales del ámbito nacional, provincial y municipal, de la seguridad social y del sector privado, y que establezca las pautas generales de las políticas del sector. En lo inmediato, la amenaza de recortes en el área, hace peligrar la continuidad de programas de prevención y tratamientos de enfermedades, como el HIV o la tuberculosis. En síntesis, para la administración de Mauricio Macri la salud no es derecho humano sino un gasto que es posible eliminar, a pesar del “costo” social, un servicio al que solo podrán acceder aquellos que cuenten con los recursos necesarios. Por eso seguiremos defiendo la salud pública y luchando por un sistema universal, gratuito y de calidad.