La decisión del gobierno nacional de eliminar las retenciones que se les cobraba a la industrias mineras en Argentina, de por sí irrisorias, reafirman la implementación de un modelo económico y productivo basado en la extracción abusiva de los recursos naturales, la contaminación indiscriminada del medio ambiente, el achicamiento del poder del Estado y la concentración feroz de las riquezas en manos de las empresas multinacionales. 

Se puede afirmar que esta medida no desentona demasiado con lo hecho por la anterior gestión, ni con las políticas que se han llevado adelante en materia de explotación minera en las últimas décadas. En los noventa, la Ley sobre inversiones mineras abrió el camino al saqueo que luego continuó durante las demás administraciones. Además de beneficiar al sector con una cantidad de ventajas impositivas con el fin de incentivar las inversiones, se descentralizó la administración y la regulación de la actividad, lo que dejó en manos de las provincias la realización de los controles a las poderosas multinacionales, con el consabido saldo medioambiental, social y económico que ha tenido en nuestro país.

Con la eliminación del 5 por ciento de los derechos a la exportación minera por parte del macrismo, se completa el proceso de entrega del patrimonio nacional a estas megaempresas extranjeras iniciado tiempo atrás. A partir de ahora, éstas no deberán tributar al fisco ni un centavo por la comercialización de las riquezas minerales de nuestro país. De esta manera, el Estado nacional dejará de recaudar alrededor de 220 millones de dólares al año, unos 3300 millones de pesos, incrementando aún más la enorme rentabilidad que ha tenido estas corporaciones los últimos años y continuando el vaciamiento de las cuentas estatales promovido por la actual gestión.

Macri ha asegurado que esta medida tiene como objetivo devolver a los ciudadanos los recursos que Nación le sacaba a las provincias mineras, pero es claro que sólo sirve para engrosar las arcas de las multinacionales, que al mismo se han visto beneficiadas por la liberación del dólar. En la actualidad, existen varios emprendimientos mineros que aguardan autorización para instalarse o comenzar a operar. Es una verdad incontrastable que no generan empleo, ni han mejorado la calidad de vida de ninguno de los habitantes de las zonas donde se han instalado, excepto el de una selecta minoría. Por el contrario, hay numerosos ejemplos de que la explotación minera, sobre todo la minería a cielo abierto, ha provocado graves desastres medioambientales que ponen en riesgo la salud y la vida de la población y las futuras generaciones, frente a la inacción y complicidad de los estados locales. Uno de los últimos casos conocidos, el derrame de agua con cianuro de la minera Barrick en San Juan, no ha tenido ni siquiera sanciones para los responsables.

Si bien se reclama dejar actuar al gobierno nacional que ha asumido en diciembre pasado la conducción del país, las medidas tomadas hasta el momento con notable celeridad, sustentadas en la peor versión de la receta neoliberal, exigen una respuesta inmediata. La promoción de un modelo productivo basado en la extracción, y que tiene en el monocultivo de soja su actividad señera, implica a largo plazo agotamiento de los recursos naturales, contaminación y más pobreza. El rumbo adoptado por el oficialismo, de concentración económica, ajuste social y retracción del Estado, reproduce en gran medida el proceso que nos condujo al estallido social del 2001. No podemos, por lo tanto, quedar callados frente una administración que está hipotecando los recursos naturales y regalando el patrimonio nacional a favor del capital global y que justifica esa transferencia de riquezas diciendo que nos beneficia a todos.

Gustavo Gamboa
Secretario General
Mesa provincial Partido SI