Alicia Gutiérrez, diputada de Santa Fe, impulsa una ley para proteger los derechos y garantías de aquellas niñas, niños o adolescentes que queden en estado de vulnerabilidad cuando sus madres fallecen, víctimas de femicidios.

La diputada Alicia Gutiérrez presentó, por segunda vez, un proyecto de ley para que se otorgue una pensión a cada una de las hijas o hijos, menores o discapacitados, de mujeres víctimas de violencia de género. La primera presentación la realizó en el año 2012 y no obtuvo aprobación. En esta oportunidad dicho proyecto ha tenido algunas modificaciones, remarcando cual es el objetivo y contemplando la incorporación del femicidio en el Código Penal que otorga pena de prisión perpetua al autor del delito.

El monto de dicha pensión para cada hijo o hija será el equivalente al haber mínimo de pensión vigente en la provincia de Santa Fe, las otorgará la Caja de Pensiones Sociales y deberá tramitarse a través del Ministerio de Desarrollo Social.

La finalidad que persigue esta ley, asegura la diputada, es otorgarle a los hijos de las víctimas mujeres una protección económica, y aunque no pueda repararse el daño, ayudar a que esos niños, niñas y adolescentes puedan continuar escolarizados, con atención en su salud, sin que el factor económico sea un obstáculo para ningún familiar o para aquella persona que se haga cargo de su crianza y cuidado, cuestiones que deberán acreditarse periódicamente ante la autoridad de aplicación.

Un dato importante de este proyecto es que prohíbe que el presunto autor del femicidio pueda ser administrador de la prestación.

Continúa fundamentando que si bien el máximo daño es hacia la mujer que deja de existir, hay una cadena de víctimas, sus hijos, que quedan desamparados, o peor aún en manos de un violento, propensos a repetir conductas violentas como lo demuestran estudios psicosociales.

Recuerda que en oportunidad de la primera presentación del proyecto ya era muy elevado el número de víctimas como consecuencia de violencia hacia las mujeres y que dichas cifras aumentaron,  por ello la sociedad reclama masivamente que el Estado intervenga y proteja a las víctimas de violencia de género para evitar el desenlace extremo, la muerte.

Y concluye, que mientras esto no se revierta, mientras cientos de niños y niñas queden vulnerados en sus derechos, el Estado debe contrarrestar la situación en cumplimiento de la protección que debe asegurarles a niñas, niños y adolescentes.