Diputados se manifestó en contra del decreto presidencial que habilita a los militares a intervenir en la represión del delito, transgrediendo normativas que fueron acordadas y sostenidas por los distintos gobiernos democráticos desde 1983.

La Cámara de Diputados de Santa Fe manifestó su más enérgico rechazo al decreto presidencial que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la represión de delitos complejos y traspasa la histórica división entre seguridad interna y defensa nacional establecida por consenso político y sostenida por distintos gobiernos desde el regreso de la democracia, en 1983. Asimismo, instó al Congreso Nacional a intervenir para evitar la implementación de esta medida.

La diputada provincial, Alicia Gutiérrez, autora de uno de los numerosos proyecto presentados en el mismo sentido, consideró que “la decisión política del presidente Macri es claramente un mensaje a la sociedad que aún recuerda y repudia las consecuencias nefastas que produjo el excesivo empoderamiento y la habilitación de las fuerzas militares en cuestiones internas del país”.

De esta manera, se modifica el Decreto 727/2006 (Reglamentario de la Ley de Defensa) y deroga el 1691/2006 (Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas), que van en concordancia con las leyes de Defensa Nacional N°23.554, sancionada en 1998, de Seguridad Interior N°24.059, de 1992, y de Inteligencia Nacional N°25.520, de 2001.

Este esquema normativo estipula claramente que las fuerzas armadas son las encargadas de la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial ante la agresión de otro Estado, “por tanto los argumentos que sostiene el nuevo decreto se tornan falaces y contrarios a las definiciones de fondo, y también a lo establecido por la ONU”, afirmaron las legisladoras y los legisladores de Santa Fe. Al mismo tiempo, sostuvieron es que inaceptable que se revierta el espíritu de dichas leyes a través de un DNU, por lo que es imperativo que el Congreso Nacional tome cartas en el asunto.

La diputada Gutiérrez también cuestionó los motivos que tiene el gobierno nacional para adoptar esta medida en un contexto de ajuste, recesión y crisis social: “Es sabido que las FFAA carecen de la formación y de la capacitación necesarias para cumplir estas funciones. Además, el gobierno se ha comprometido a brindarles los recursos de los que carecen las fuerzas que hoy están encargadas de la seguridad interior. Por eso, nos preguntamos cuál es el verdadero objetivo detrás de esto”.

En su declaración, la Cámara de Diputados coincidió con la interpretación que dan de esta decisión política las organizaciones de derechos humanos y grupos de expertos en la materia: “El objetivo es facilitar la represión de la protesta social enmarcándola en actos prohibidos, en un momento de fracaso de las políticas económicas con fuerte impacto, esta vez, en todos los sectores y no solamente en los más vulnerables”.

Para finalizar, la legisladora convocó a la sociedad en su conjunto a rechazar este decreto y a frenarlo en el Congreso: “No podemos ser cómplices de actos que en el pasado resultaron atroces, debemos recordar que la intervención militar se inició también en tiempos democráticos profundizándose durante la dictadura militar”.