Un caso testigo que reclama una condena ejemplar

16 mayo, 2015 admin Novedades .

Ana María Acevedo no tenía que morir a los 20 años. En realidad, no debía morir esperando que se le practicara un aborto terapéutico al que se negaron los médicos que la atendían a pesar de que estaba contemplado en la legislación. No tenía por qué soportar dilaciones respecto al tratamiento que necesitaba con urgencia a causa de un cáncer en el maxilar que finalmente nunca se le realizó. Ni tolerar que esas decisiones las tomaran un grupo de profesionales y funcionarios que se arrojaron la potestad de interpretar la ley según sus convicciones y creencias. Tampoco que se aprovecharan de su condición de pobreza, su analfabetismo, su vulnerabilidad para violar sus derechos sistemáticamente. Y menos aún que ante los reclamos de la familia se la engañara hasta que su estado empeorara y muriera, el 17 de mayo de 2007, como producto del abandono y el fanatismo dejando tres niños pequeños sin su madre. Por todo esto no la vamos a olvidar y no dejaremos de reclamar justicia y condena a los culpables.

Lo sucedido con Ana María hace 8 años conmovió por su desenlace trágico y por la impunidad con la que se manejaron los involucrados. Su caso generó un intenso debate sobre la salud sexual reproductiva y sobre el respeto al derecho a un aborto terapéutico consagrado hace décadas en nuestro Código Penal. Sin embargo, muchas mujeres tuvieron que esperar años y pasar numerosos padecimientos por embarazos que ponían en riesgo su vida o eran resultado de violaciones para que se hiciera efectivo. Ante la negativa de los profesionales a realizar los abortos por cuestiones morales, religiosas o culturales, tenían que recurrir a la justicia y hacer largos trámites que muchas veces terminaban haciendo imposible su concreción.

Recién en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia puso blanco sobre negro con respecto a la interpretación del artículo 86 del Código Penal y sugirió la manera de implementar los abortos no punibles por parte de los gobiernos y efectores de salud, evitando su judicialización. También se le reconoce al gobierno provincial los importantes avances realizados en este sentido. Sobre todo la adopción, en ese mismo año, de la Guía Técnica para Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, que garantiza el exhorto realizado por el máximo tribunal.

Respecto al avance del caso de Ana María en la justicia, hasta el momento se ha logrado, gracias a la movilización de sus familiares y amigos y al trabajo que han realizado las organizaciones y militantes de género, el procesamiento de seis profesionales involucrados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el caso del director del Hospital Iturraspe, Andrés Ellena, y los jefes de los servicio de Oncología, César Blajman, y de Ginecología, Raúl Alejandro Musacchio, se les suma el delito de lesiones graves culposas en concurso real. Pero aún las instancias penales no han concluido y tampoco la familia ha obtenido un resarcimiento por los daños sufridos. Por eso seguiremos luchando, no sólo porque su historia no sea olvidada y para evitar que quede impune, sino también para que ninguna otra mujer deba soportar la vulneración de sus derechos a causa de fundamentalismos.