Fue promulgada en Santa Fe la primera normativa que garantiza el derecho a la identidad de origen a las personas que fueron apropiadas ilegalmente o buscan información sobre sus familiares biológicos. Se calcula que, en Argentina, son más de tres millones.

Los relatos y testimonios sobre cómo descubrieron que no son hijos biológicos de sus padres, de que tienen un hermano o hermana de sangre que desconocían o que su bebé puede estar vivo en algún lugar son conmovedores y, al mismo tiempo, escalofriantes. De pronto, lo que aparecía como una hipótesis descabellada, producto de dudas que carcomen, rasgos que no concuerdan, imágenes que faltan y murmullos de verdades solapadas, se hace realidad y golpea como un mazazo, poniendo en duda todo lo conocido. “¿Quién soy?”, una pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez, se transforma desde entonces en una constante que aguijonea la existencia y la desestabiliza por completo. Para muchos de los llamados “buscadores”, la verdad se coló en medio de una discusión familiar, se deslizó a partir de un dato o documento revelador o fue confesada tras la muerte de los padres de crianza. En todos los casos, esa verdad parcial, insuficiente y perturbadora, fue el puntapié inicial de un camino que se vieron obligados a recorrer con el fin de reconstruir su propia historia, un camino plagado de silencios, vacíos y obstáculos. Esa búsqueda personal, llevada adelante en solitario o en grupo, que dependía de la suerte, de la voluntad o de los recursos de cada quien, hoy se ha convertido en una obligación del Estado santafesino a partir de la promulgación de la ley 13.725 que garantiza el derecho a la identidad biológica o de origen.

La normativa, cuya autoría es de la diputada provincial Alicia Gutiérrez, fue elaborada junto a numerosas organizaciones sociales que vienen batallando, desde hace años, con el fin de poner en agenda un tema tabú: la apropiación de niñas y niños. Como sostuvo Claudia Raimondo, integrante de una de las ONGs que trabajó en el proyecto, el robo de las hijas y los hijos de los desaparecidos, durante la última dictadura militar, fue posible porque previamente ya existía una red de tráfico de bebés que funcionaba con el aval de la sociedad: “Era una práctica cultural establecida y aceptada socialmente. A todos esos matrimonios a quienes les entregaron bebés nadie les preguntaba si los habían adoptado legalmente, porque no veían la diferencia con la apropiación. Adoptar era agarrar un bebé y ponerle el apellido. Por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo se logró un cambio al respecto, que se plasmó en la incorporación del derecho a la identidad en la Convención de los Derechos del Niño y hoy ya no caben excusas”. De hecho, muchos de los involucrados en las causas por los nietos recuperados, sobre todo enfermeras, parteras y médicos, aparecen también señalados como partícipes de la apropiación ilegal de los buscadores, según la información que estos han podido recolectar.  Se calcula que, en Argentina, son más de tres millones las personas a las que han vulnerado su derecho a la identidad biológica y que desean conocer la verdad sobre su origen.

A pesar de la magnitud de esta problemática, la ley aprobada en Santa Fe, a fines del año pasado, es la primera a nivel nacional en garantizar este derecho humano fundamental. “Una de las primeras cosas que manifestaron los buscadores cuando comenzamos a  elaborar el proyecto fue la necesidad de disponer de la información contenida en los archivos. Para ellos era como buscar una aguja en un pajar, se preguntaban a dónde debían ir, a quién pedir ayuda, cómo sortear la burocracia de las instituciones mientras atravesaban una situación tan traumática a nivel personal”, contó la legisladora Gutiérrez. “Hay muchos bebés que nacían en los hospitales pero eran anotados por las parteras que los entregaban a las familias. Las mujeres usaban almohadones para simular una panza de embarazada. También hay mamás a las que obligaron a dar a sus hijos en adopción o que les dijeron que los bebés habían muerto en el parto pero nunca le mostraron el cuerpo, ni les entregaron un certificado de defunción. Eran en general mujeres solas, sin familia, del interior, muy vulnerables”, explicó Raimondo algunos de los motivos por los cuales es tan difícil reconstruir esas historias truncas. Por eso, uno de los puntos centrales de la normativa otorga el libre acceso a los archivos del Registro Civil y a la documentación de los hospitales, clínicas y establecimientos de salud, tanto públicos como privados, a toda persona que presuma que su identidad ha sido suprimida o alterada, al momento de nacer o posteriormente, y también a sus hijos, nietos, hermanos, padres o abuelos.

La ley designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que tendrá a su cargo el servicio de atención de estos casos. Entre sus obligaciones se encuentran gestionar el acceso a los archivos, otorgar asesoramiento jurídico y legal gratuito a las víctimas y sus familiares, brindar asistencia y contención y facilitar los medios y recursos para realizar los exámenes de ADN. También será la responsable de la creación del Registro Único de Búsqueda de la Identidad Biológica o de Origen. Por su parte, el Ministerio de Salud provincial conformará el Registro Único de Partos y Nacimientos, y procurará la unificación de criterios para que los registros de los nacimientos y de partos que se produzcan en todos los servicios de salud se realicen bajo una única modalidad. Asimismo, garantizará la custodia y preservación de todos los documentos existentes en el sistema. En la misma dirección, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos colaborará en la búsqueda de los materiales obrantes en sus archivos que le fueran requeridos. “La finalidad es hacer más ágil y efectiva la búsqueda de información, mejorando la articulación entre los organismos del Estado. Y, al tiempo que posibilita el acceso a los archivos a las personas que viven con esta incertidumbre, garantiza un mayor control y sistematización hacia el futuro, evitando que se repitan casos de este tipo en la provincia”, evaluó la diputada del SI.

Para las organizaciones que nuclean a los buscadores, el nuevo marco normativo, pionero en el país, significa no sólo un reconocimiento a la lucha que han llevado adelante para lograr que este derecho humano se cumpla, sino también la decisión del gobierno provincial de convertir este tema en una política de Estado.