Frente a las derivaciones que ha tenido el caso de la muerte del joven Gerardo Escobar y que involucra como imputados a tres patovica y dos policías de un boliche de Rosario, se hace evidente una vez más el peligroso vacío legal que existe en torno al personal que cumple funciones de seguridad en locales bailables. Es por eso que la diputada provincial, Dra. Alicia Gutiérrez, ha presentado en la Legislatura un proyecto de Ley que apunta a ejercer un control efectivo sobre el accionar de las empresas y personas prestadoras de servicios de seguridad privada. El mismo, que ha obtenido media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe en mayo del año pasado y que aún no ha sido tratado en Senadores, establece una precisa normativa que determina los modos en que dichas agencias deben ser habilitadas, registradas, fiscalizadas y eventualmente sancionadas.                                   

“Actualmente ninguna agencia de seguridad puede contratar policías en actividad, por ejemplo, ni a miembros de las fuerzas armadas. Tampoco a integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido exonerados. Como así también dispone una cantidad de requisitos y antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de la contratación del personal”, explicó la legisladora algunos de los puntos más destacados de su propuesta.

En julio pasado el gobierno de Santa Fe reglamentó la ley provincial que adhiere a la ley nacional 26.370 que regula el trabajo del personal de seguridad de locales nocturnos, eventos y espectáculos públicos, conocido vulgarmente como patovica. Entre otras cosas, contempla la creación de un registro único público donde figuren todas las personas habilitadas para llevar adelante esta actividad como así también las que han sido sancionadas. “Es muy importante trabajar en forma coordinada con Nación en el sentido de compartir información al respecto”, expresó la diputada Gutiérrez.

Pero a pesar de esta normativa y de algunas resoluciones ministeriales, es necesario contar con una legislación específica que regule la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación, custodia y seguridad de personas y bienes dentro del territorio santafesino. Diariamente personas y empresas de seguridad resguardan bancos, clubes, edificios públicos y privados y cumplen funciones en espectáculos públicos masivos. Se calcula que son alrededor de 9000 hombres los que integran estas organizaciones o se desempeñan en este trabajo, lo cual conforma casi un ejército paralelo a la seguridad pública. Es por esto que el proyecto de la legisladora estipula, además, que estas actividades deberán ser “complementarias a las que realiza el Estado Provincial y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública”.

“Es urgente contar con una herramienta legal permita controlar y, si es necesario, implementar sanciones, sobre todo teniendo en cuenta que estos trabajadores y empresas deben controlar a los santafesinos y colaborar en el mantenimiento del orden y la paz social”, reclamó Gutiérrez. De esta manera, se apunta a garantizar la integridad, eficiencia y capacidad de los trabajadores que se desempeñan en estas tareas a través de la instrucción, las prácticas y los controles necesarios, como así también a “prevenir que las empresas sean integradas por personas inescrupulosas o exoneradas de las distintas fuerzas de seguridad”, concluyó.