La Comisión de Derechos y Garantías se reunió en Rosario con los jóvenes que denunciaron a un grupo de policías que los detuvieron ilegalmente y los torturaron la semana pasada. Además, recibieron amenazas e intimidaciones por parte de la fuerza.

Diputadas y diputados que conforman la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura provincial mantuvieron una reunión en Rosario, el pasado 5 de abril, con los jóvenes que sufrieron torturas y golpes por parte de un grupo de policías que los detuvieron ilegalmente, por más de 16 horas, en la zona de las Cuatro Plazas, en el oeste de la ciudad, hace quince días atrás.

El objetivo del encuentro, del que participaron las legisladoras Alicia Gutiérrez y Silvia Augsburguer, fue dialogar con las víctimas e interiorizarse de las amenazas e intimidaciones que, en los últimos días, han recibido por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, tras denunciar a integrantes del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica por los tormentos y vejaciones padecidos la madrugada del 23 de marzo.

La diputada Gutiérrez, presidenta la Comisión, sostuvo que los hechos “son muy graves porque involucra a ocho miembros de la fuerza que han amenazado, torturado y detenido ilegalmente a un grupo de chicos. El juez, hasta el momento, ha dispuesto la detención preventiva solamente de dos de los involucrados. Las consecuencias de que los demás policías se encuentren libres están a la vista, entorpecen la investigación e intimidan a las víctimas”.

Los jóvenes manifestaron su intención de ampliar las denuncias contra las fuerzas de seguridad ante la Fiscalía por la persecución y las prácticas intimidatorias de las que han sido objeto. Las legisladoras, por su parte, se comprometieron a acompañar y sostener el reclamo a la Justicia para que actúe con celeridad y brinde mayor protección ante estos delitos tan aberrantes, “ya que existen pruebas para que todos los que participaron de la agresión y los tormentos sean detenidos”.

En la causa hay ocho imputados, tres del Comando Radioeléctrico y el resto de la Policía de Acción Tática, dos de los cuales se encuentran con prisión preventiva, por los delitos de apremios ilegales, falsificación ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario. “El Estado debe garantizar la seguridad de estos jóvenes que han sufrido violencia, tormentos y amenazas a manos de la fuerza policial, y el único modo de hacerlo es haciendo efectiva la prisión preventiva de todos los responsables de estos crímenes”, afirmó Gutiérrez para finalizar.