Obtuvo media sanción en la Cámara baja el proyecto de Ley de la diputada provincial del Partido SI, Dra. Alicia Gutiérrez, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble conocido como “la Quinta de Funes”, ubicado en la Ruta Nacional 9 S/N en la ciudad homónima y que es considerado emblemático por su utilización como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. El objetivo es que este lugar se convierta en un espacio de recuperación, resguardo y transmisión de la memoria y la historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado de los años setenta y ochenta.

“Se trata de un acto de restitución simbólica de los nombres y de las tumbas que les fueron negadas a las víctimas y a sus familiares producto de esta metodología utilizada por los genocidas que es la desaparición forzada de personas. De esta manera se busca contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos a través de un compromiso con la vida y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos como valores fundantes de una sociedad con justicia y solidaridad”, explicó la legisladora los principios del proyecto. El mismo exige que se conserve la edificación existente en su estado actual como una forma de resguardar todos aquellos elementos y estructuras que sirvan como testimonios del pasado reciente. También establece que el Poder Ejecutivo, con participación de los organismos de derechos humanos, sean los encargados de definir los usos del lugar.

En la Quinta de Funes, el General Galtieri concretó parte de su proyecto político que tenía por objetivo llegar a la Presidencia de la Nación y consistía en detener a la conducción de Montoneros. Para esto mantuvo cautivo y desaparecido a un grupo de militantes pertenecientes a esta organización armada en este centro clandestino. “Jaime Dri, el único sobreviviente, reconoció en las recorridas el lugar donde estuvo detenido y también describió el resto de la casa donde en una oportunidad mantuvo un diálogo con Galtieri. Además relató cómo éste y sus subalternos, Daniel Amelong, Jorge Fariña, Eduardo Costanzo, Pascual Guerrieri y otros, visitaban diariamente el campo de concentración”, contó Gutiérrez, quien acompañó a Dri en algunas de las rondas de reconocimiento. Los datos aportados por Dri, sumados al trabajo de los abogados representantes de las víctimas, fueron fundamentales para lograr las condenas en estas causas durante los juicios de lesa humanidad concretados en Rosario.

El plan del dictador, que incluía el asesinato de los dirigentes de Montoneros exiliados en México, fue desbaratado por uno de los detenidos, Tulio Valenzuela, al denunciarlo en la prensa internacional. Como consecuencia, los restantes miembros del grupo, en el que se encontraba la pareja de Valenzuela, Raquel Negro, embarazada de mellizos, fueron trasladados a otro centro clandestino y luego asesinados. Uno de los hijos de Valenzuela Negro, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008 y desde entonces busca a su hermano mellizo quien, se sospecha, fue apropiado ilegalmente. “La dictadura buscó a través de la desaparición, la muerte y el exilio destruir el compromiso con la lucha por una sociedad más justa para todas y todos. Por eso debemos preservar estos lugares y transformarlos en un ámbito de memoria y reflexión para que las futuras generaciones sepan qué sucedió, quiénes fueron los responsables y cómo además parte de la población convivió con el terror”, afirmó la diputada.

Foto: Florencia Vizzi