En el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, reclamamos al Estado que destine los fondos necesarios para cumplir con la Ley.

Una vez más, este 25 de noviembre, nos convocamos a marchar contra la violencia femicida que tortura, viola y mata a niñas, adolescentes y mujeres adultas, y también a sus hijas e hijos en nuestro país. Una vez más estaremos reuniéndonos en las plazas, recorriendo las calles, frentes a los tribunales y las dependencias estatales para exigir que se implementen, de una vez por todas, planes de emergencia contra la violencia de género y los presupuestos correspondientes. Una vez más, nos encontraremos, abrazaremos y caminaremos por las ciudades y los pueblos para decir #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, #BastaDeFemicidios.

Las últimas estadísticas, que siguen siendo no oficiales, otra deuda de los estados, son contundentes: de enero a octubre de este año, 230 mujeres y niñas fueron asesinadas sólo por su condición de género, mientras que hubo 27 femicidios vinculados de hombres y niños. Como consecuencia de esto, 294 hijas e hijos (173 son menores de edad) se quedaron sin madres. Es decir, continúa el promedio de una mujer asesinada cada 30 horas.

Dentro del extenso listado de demandas, una de las más destacadas es la de que se destinen finalmente los recursos que se necesitan para garantizar nuestros derechos. De hecho, en el último presupuesto nacional, que fue debatido en el Congreso, se reducían las partidas asignadas al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017/2019, elaborado por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Se calculaba que, para el 2017, el CNM podría disponer sólo de $4,45 por mujer, para todo el año, lo que era totalmente insuficiente.

Tras las presentaciones realizadas por las organizaciones de mujeres, se logró un aumento del 5 por ciento, en relación al 2016, en el presupuesto destinado al Concejo y se agregó una línea presupuestaria específicamente orientada a sostener las acciones contempladas por el Plan Nacional de Acción para el 2017, por la suma de $47.000.000. Sin embargo, sigue sin haber avances respecto a los Programas de Salud Sexual y Procreación Responsable y de Educación Sexual Integral. Dos temas fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto, que apuntan al cambio sociocultural que debemos lograr para terminar con la violencia y que no cuentan con el financiamiento requerido para cumplir con sus objetivos.

Al mismo tiempo, no sólo exigimos que se aumenten los recursos sino también que se blanqueen los presupuestos, con el fin de identificar con claridad los fondos asignados a cada uno de los programas y, de esta manera, poder evaluar la ejecución de los mismos y realizar un control de las cuentas.

Es claro que aún queda un largo camino para el movimiento de mujeres, mucho se ha conseguido pero falta mucho también para que ninguna otra mujer, heterosexual, lesbiana o travesti, sea asesinada por el sólo hecho de ser mujer. Por eso no abandonamos la lucha, redoblamos el compromiso y la militancia a favor de la igualdad entre mujeres y varones y para que el fin de la violencia de género sea pronto una realidad.