Fue aprobado el proyecto de declaración de la diputada provincial del Partido SI, Dra. Alicia Gutiérrez, por el cual la Cámara de Diputados de Santa Fe manifiesta su repudio a la represión llevada adelante contra una manifestación de trabajadores bancarios por fuerzas de seguridad nacionales, el pasado 1 de marzo. La misma se dirigía al Congreso Nacional para reclamar por los empleados despedidos del Banco Central y la derogación del impuesto a las ganancias en momentos en que el Presidente de la Nación se disponía a dar apertura a las sesiones ordinarias.

“No podemos tolerar hechos como este, donde se reprime sin justificación a los trabajadores que se manifiestan pacíficamente en defensa de sus derechos. Es lamentable, además, teniendo en cuenta que es una grave falta para la vida democrática, que pocos medios de comunicación se hicieran eco de esto. Este tipo de acciones cercena la libertad de expresión y de petición de los ciudadanos que son derechos con garantía constitucional”, expresó la diputada.

Los manifestantes se vieron sorprendidos por la violencia desplegada por los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería Nacional que los atacaron utilizando gas pimienta, palos e, incluso, camiones hidrantes en inmediaciones del Congreso. “Seguramente las fuerzas de seguridad actuaron amparados por el llamado Protocolo Antipiquete que, por otra parte, resulta discriminatorio y anticonstitucional. Pero llama la atención que ni siquiera estaban haciendo un piquete, ni obstaculizando la circulación que es uno de los principales motivos que se utilizan para justificar su puesta en práctica, sino que era apenas un grupo de personas que circulaba y que aún se encontraba a seis cuadras del Congreso”, reflexionó la legisladora SI, preocupada por un hecho que confirma las críticas realizadas a dicho protocolo con anterioridad.

El Protocolo de Actuación de las fuerzas de seguridad elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación sostiene su interés de preservar el derecho de las personas a circular y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos que no forman parte de la protesta. Sin embargo, en este caso se aplicó para reprimir a una manifestación de trabajadores bancarios que no estaban cortando las calles, ni cargaban armas o llevaban sus rostros tapados, sino que estaban ejerciendo su derecho a reclamar. “Todo lo que acontecía en los alrededores del Congreso estaba vigilado con drones y, además, puede advertirse viendo imágenes difundidas en los medios de comunicación que no todos los ciudadanos recibieron el mismo trato ya que muchos pudieron acercarse a las inmediaciones del Congreso. Esto refleja claramente que la intención fue impedir el paso sólo a quienes protestaban en contra de las políticas nacionales”, reflexionó Gutiérrez.

En conclusión, la Cámara de Diputados se pronuncia de esta manera en contra de “criminalizar la protesta social” a través de acciones represivas que no son propias de un gobierno democrático porque privan al pueblo del derecho a expresarse, a reclamar y a plantear lo que considera justo.