El Protocolo de Actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, presentado recientemente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, vuelve a poner en agenda el debate sobre las condiciones y los límites que deberían tener o no las protestas o movilizaciones colectivas, sobre todo cuando éstas entran en tensión con el derecho a la libre circulación del resto de los ciudadanos.

La cuestión es central si se tiene en cuenta que, en nuestro país, la protesta social suele recurrir a la permanencia temporal del reclamante en espacios públicos y en zonas de circulación vehicular o peatonal. Frente un problema que no permite respuestas rápidas e improvisadas, es necesario abrir de manera urgente la discusión sobre el tema, ya que la metodología de acción impulsada por el gobierno nacional tendrá una enorme repercusión en nuestra vida en democracia.

Por un lado, parece hoy impensable sostener que se va a impedir a las personas, a través del uso de la fuerza, manifestarse libremente en el espacio público y bajo la modalidad que estimen más eficiente para que sus reclamos sean escuchados. Por el otro, es razonable la molestia y frustración expresada por quienes, por diferentes motivos, ven alterada su vida cotidiana porque no pueden transitar libremente y, por ejemplo, concurrir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela.

El Protocolo de Actuación del gobierno nacional, lamentablemente, no resuelve esta contradicción, sino que, por el contario, la potencia al privilegiar a un grupo en desmedro del otro, olvidando su rol como mediador de los conflictos.

El interés por preservar la seguridad de los ciudadanos que no forman parte de las manifestaciones no puede justificar que se le otorgue a las fuerzas públicas el monopolio de la decisión sobre los límites de la protesta social porque esto termina poniendo en riesgo la seguridad del conjunto de la sociedad. Es inadmisible, a estas alturas de madurez democrática del país, que éstas sean las encargadas de definir en qué circunstancias la prensa puede ser testigo o no de la represión, que puedan amenazar a los manifestantes con una eventual detención o que tengan permitido la portación de armas letales, entre otras cosas.

El Protocolo retoma la idea de autogobierno policial, lo que deja en manos de las fuerzas de seguridad la determinación de cómo, cuándo y dónde debe ser una manifestación o protesta social. Es decir, se les concede una potestad represiva y autoritaria que no sólo es agraviante sino peligrosa para la democracia. Frente al descontento social, el macrismo parece querer sostener la paz social a través de represión. Por esto, no avalamos el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas porque no creemos que el eje control permanente de la autoridad sea el camino.

A todos nos molestan los inconvenientes que generan los cortes de calles o de ruta, pero para regular y ordenar estas situaciones es imprescindible apelar al diálogo y la tolerancia de todas y todos, tanto de quien protesta como de quien sufre las consecuencias. Debemos superar la antinomia transformando a la protesta en el libre ejercicio de un derecho y la circulación vecinal en un derecho que, como todos, puede sufrir menoscabos temporales en distintas circunstancias.