Las diputadas Gutiérrez y Augsburger se reunieron con la titular del Servicio de la Defensa Pública provincial, Jaquelina Balangione, por los casos de violencia institucional en el norte provincial.

En representación de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, las legisladoras Alicia Gutiérrez y Silvia Augsburger se reunieron con la defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, con el fin de expresar su preocupación ante los numerosos casos de abuso y maltrato policial denunciados en Vera por las víctimas y sus familiares.

La Comisión había enviado previamente una nota explicando la gravedad de la situación en las localidades del norte de Santa Fe y solicitando un encuentro para evaluar el funcionamiento del Servicio Público de la Defensa Penal que tiene bajo su jurisdicción a Vera y su zona de influencia.

En particular, se planteó ante Balangione la necesidad de cubrir el cargo de defensor público que quedó vacante al ser trasladado el funcionario anterior, Martín Cáceres, producto de la asignación de nuevas tareas en esa repartición. Al mismo tiempo, quien en su momento desempeñaba estas funciones, Valeria Lapissonde, fue nombrada defensora regional de la IV Circunscripción, con sede en Reconquista.

Por su parte, la defensora general de la provincia informó a las diputadas sobre la decisión tomada por la Dra. Lapissonde de radicar la sede de la IV Circunscripción de la Defensoría General en la ciudad de Vera, que contará con un edificio que ha sido refaccionado y ampliado para que funcione en óptimas condiciones.

“Pudimos dialogar e intercambiar perspectivas respecto a la que está ocurriendo en las defensorías y fiscalías de toda la provincia y acordamos sobre la grave situación que se vive en distintas localidades del norte provincial, en relación a la cantidad denuncias que recibimos sobre violencia institucional”, contó la diputada Gutiérrez.

Durante una reunión con víctimas y familiares, realizada en Vera la semana pasada, se mencionaron casos de violencia física y verbal, malos tratos, abuso, hostigamiento y detenciones arbitrarias. Además, las personas presentes informaron acerca de los obstáculos a los que se enfrentan cuando deciden notificar a las autoridades de este tipo de vejaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad.

“Nos preocupa el mutismo de las instituciones políticas y de la sociedad civil. Hay personas que reclaman seguridad pero no puede ser a costa de la violación de las leyes. Hay mucho temor, sobre todo de las víctimas, la mayoría de las personas que fueron a hacer la denuncia fueron las madres de jóvenes que son mayores de edad que no se atreven por miedo a las represalias”, concluyó la legisladora y presidenta de la Comisión.