Es por un caso de secuestro y tortura denunciado en San José del Rincón que involucra a efectivos de la Comisaría 14 y del Comando Radioeléctrico.

Fue aprobado el proyecto de comunicación de la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, Dr. Alicia Gutiérrez, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, información sobre un supuesto caso de secuestro y torturas cometidos por efectivos de la Comisaría 14 y personal del Comando Radioeléctrico, el pasado 25 de septiembre, contra dos militantes políticos en la localidad de San José del Rincón.

Según consta en la denuncia, los agentes habrían allanado, sin la correspondiente orden judicial o pedido fiscal, el domicilio de Emiliano Mendoza en San José del Rincón y detenido a éste y a Iván Franco, miembro de la conducción del Movimiento de Unidad Popular de la ciudad de Santa Fe. Los jóvenes, que fueron trasladados al destacamento de Colastiné Norte, denunciaron haber sido víctimas no sólo de privación ilegal de la libertad, sino también de vejámenes y torturas por parte del personal de seguridad interviniente.

Gutiérrez consideró que “es fundamental que el Estado, que cuenta con los mecanismos correspondientes, actué rápidamente para esclarecer los hechos, y sancionar si es necesario, ante esta gravísima denuncia de apremios ilegales por parte de la policía”.

El pedido de informe presentado por la legisladora del Partido SI requiere, entre otras cosas, saber si el Ministerio de Seguridad provincial, tras conocer los hechos, “ha instruido al jefe de la Policía provincial la apertura de un sumario administrativo y/o si la fuerza de seguridad por su propia iniciativa ha iniciado una investigación administrativa a los efectos de determinar el posible uso ilegítimo de la fuerza”.

También que se informe cuáles son las pruebas que se han relevado y el estado en el que se encuentra la investigación de lo ocurrido, especialmente si se ha identificado al personal actuante. Y, en este sentido, que se indique si se adoptaron sanciones o medidas provisorias contra los agentes involucrados.

“Tenemos que garantizar, sobre todo en un momento como este de gran preocupación por los niveles de violencia ciudadana, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se atengan a derecho. No podemos retroceder, lo que necesitamos es trabajar y avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad y no lo contario”, afirmó Gutiérrez.

Además, el pedido de informe apunta a conocer cuáles son las medidas políticas que dicho Ministerio está implementando en razón de la aplicación de los estándares internacionales establecidos principalmente en el «Código de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley» para la prevención, sanción y erradicación de conductas abusivas en las fuerzas de seguridad. Como así también información sobre las denuncias recibidas por uso abusivo de la fuerza policial y violencia institucional, y especialmente si se ha abierto sumario administrativo o se encuentran en etapa de investigación preliminar, desde diciembre de 2015 a la fecha.

“Es una oportunidad para acceder a los indicadores que evalúan como se está desenvolviendo la fuerza de seguridad provincial, con el fin de conocer y, eventualmente, trabajar sobre proyectos de ley que tiendan a menguar cualquier intento de agresión ilegítima sobre la ciudadanía”, concluyó la diputada.