Este año vamos a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un marco social y político marcado por la presencia de acontecimientos desalentadores en relación a la situación de las mujeres en el mundo y, particularmente, en nuestro país.

Si bien es cierto que nuestra realidad ha cambiado notablemente a lo largo de los siglos, y que hemos conquistado derechos que nos habían sido vedados o vulnerados por el sólo hecho de ser mujer, aún en pleno siglo XXI es necesario continuar la lucha a los fines de transformar las desigualdades vigentes.

Uno de los temas más alarmantes, y que da cuenta de la situación de vulnerabilidad que padecemos, es el de los femenicidios, cuyo número sigue en aumento a pesar del compromiso declarado por los diferentes niveles del Estado de llevar adelante políticas públicas destinadas a atender a las víctimas de la violencia de género y del extendido repudio social que han tenido estos casos en nuestro país.

Sin duda el cambio que reclamamos será posible con el paulatino avance de estas políticas y, principalmente, con el trabajo de reeducación que debemos llevar adelante cada una de nosotras para cambiar la cultura patriarcal y machista.

Sin embargo, existe una responsabilidad política ineludible para colaborar en la reducción de los casos de femicidios. El Estado tiene la obligación de garantizar la ejecución de programas que colaboren en la modificación de los comportamientos de los y las jóvenes a través de la educación, como así también en la atención y contención de las víctimas, ayudándolas a rehacer su vida. Nuestra propuesta de creación de fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres en la provincia de Santa Fe se inspiró precisamente en esta convicción.

Otro de los principales flagelos que padecen las mujeres es la trata de personas. Si bien, en las últimas décadas, desde el Estado nacional y provincial se ha trabajado en pos de perseguir a los responsables de estos delitos, miles de mujeres siguen estando sometidas a la esclavitud sexual y laboral. La implementación del Programa Nacional de Rescate, en 2012, constituyó un avance significativo, dando cuenta  de una clara voluntad política de reforzar la lucha contra la trata de personas. En una dirección similar, el decreto provincial N° 3874, del año 2014, creó la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas para prevenir y combatir este delito en el ámbito local.

Por último, nuestros derechos sexuales y reproductivos siguen siendo vulnerados cuando no podemos decidir libremente sobre nuestro propio cuerpo y las mujeres mueren como consecuencia de abortos clandestinos. La situación actual del Programa de Salud sexual y reproductiva a nivel nacional pone en alerta no sólo a sus trabajadores y trabajadoras y a las personas beneficiarias de este tipo de programas sino también a la sociedad en su conjunto que exige se garanticen las condiciones para que las mujeres vivamos una vida sin violencia.

Para cumplir con ese objetivo es necesario contar con un Estado presente a nivel nacional, provincial y municipal, capaz de responder a las necesidades diversas de su población y especialmente de aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Y, al mismo tiempo, es preciso lograr un trabajo articulado entre justicia, fuerzas de seguridad y organismos estatales y no gubernamentales. Los recursos destinados a atender situaciones de violencia y desigualdad contribuyen de manera fundamental a generar una sociedad más justa e igualitaria. Sólo así será posible la difícil tarea de construir un futuro mejor para las próximas generaciones.