Diputados solicitaron al Ejecutivo la continuidad de las políticas públicas orientadas a la reconstrucción de la memoria sobre el Terrorismo de Estado, en concordancia con la ley 13528. También reclamaron su reglamentación y los recursos para implementarla.

La Cámara de Diputados, a través de un proyecto de comunicación de la legisladora Alicia Gutiérrez, solicitó al Poder Ejecutivo continuar con la generación de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, como así también a mantener viva la memoria sobre la etapa más oscura de la historia argentina, como establece la Ley 13528. También pidió “de forma urgente” que la normativa, sancionada en marzo de 2016, sea reglamentada y se le destinen los recursos necesarios para su implementación.

“Vemos con preocupación que, a pesar de contar con una ley integral sobre memoria, luego de 32 años de recuperada la democracia, falta mucho para avanzar en cuanto a  la conservación de inmuebles, documentos y testimonios, y al registro de todo lo referente al terrorismo de Estado que se vivió entre los años 1976 y 1983”, sostuvo la diputada las razones que motivaron la presentación del proyecto.

También se requirió a la Dirección de Reconstrucción de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que promueva la constitución como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos en las causas de lesa humanidad que se vienen desarrollando, se restituya la cantidad de personal para el área y se nombre a quien ocupará la dirección, se destinen recursos y personal al espacio de memoria del ex servicio de informaciones y archivo audiovisual y, por último, se restablezca, continúe y fortalezca el programa de protección de testigos.

“A nivel nacional estamos viviendo un momento de fuerte embate contra las organizaciones de derechos humanos que vienen llevando adelante la lucha por Verdad, Memoria y Justicia, que se expresa en la falta o retracción de recursos humanos y materiales para llevar adelante los juicios contra los genocidas. Por eso estamos solicitando al gobierno provincial que se cumpla con todo lo que postula la Ley 13528, que fue sancionada el año pasado, para reafirmar su compromiso con esta causa”, afirmó la legisladora y presidente la Comisión de Derechos y Garantías.

Otro de los puntos importantes que contempla el proyecto de comunicación es el pedido de designación de un director para el Archivo Provincial de la Memoria, creado en 2006, quien deberá reglamentar los modos de acceso a la información que se encuentra ahí concentrada. Asimismo, se solicitó que se lleve a cabo la convocatoria para crear las Comisiones del Espacio de Memoria, importante ámbito de participación que estará constituido por representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, de organizaciones de derechos humanos, del ámbito académico y de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles: “Es de vital importancia para velar por el cumplimiento, defensa, promoción, estudio e investigación de los Derechos Humanos”.

Por último, se pidió al Ejecutivo se concrete la digitalización de los fondos documentales y libros del Archivo de la Memoria, la actualización de la sección correspondiente a Memoria, verdad y justicia de la página web de la provincia y la recuperación de la Comisaria 4 que la mencionada ley prevé.

“El Estado terrorista logró desmembrar a la sociedad, implementar políticas económicas neoliberales, desmantelar el aparato productivo y fomentar el sector financiero en desmedro de la industria, todo en favor de intereses hegemónicos. No podemos permitir olvido y la negación de lo ocurrido en el pasado, no podemos permitir que nada de esto se repita”, concluyó Gutiérrez.