El gobierno nacional impulsa la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, un rol que fue prohibido por diferentes normativas de la democracia. La medida cobra fuerza por la necesidad de contener las protestas ante el avance del ajuste y la recesión.

La intención del gobierno nacional de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior va ganando terreno, el propio presidente Mauricio Macri ha manifestado su deseo de sumarlas en el combate contra las “nuevas amenazas”, en relación al narcotráfico y al terrorismo internacional, en sintonía con lo planteado por los Estados Unidos. Pero, como sabemos, Argentina cuenta con distintas fuerzas federales encargadas de perseguir el primero de los delitos, más allá de las críticas que podríamos hacer a su eficacia y pericia. Y, además, no existen datos certeros, salvo contadas y trágicas excepciones del pasado, de que estemos corriendo peligro en relación al segundo. Por lo tanto, se avizora que con este argumento lo único que se pretende es borrar la clara demarcación entre seguridad y defensa que todos los gobiernos democráticos posdictatoriales sostuvieron como mecanismo para prevenir las consecuencias nefastas que tuvo para el país el Terrorismo de Estado, asegurando el control civil de todas las fuerzas.

Para lograr este cambio de paradigma la administración nacional necesitaría derogar todo el esquema legal e institucional que ha sostenido durante décadas la prohibición de que los militares intervengan en asuntos internos. Nos referimos a las leyes de Defensa Nacional de 1988, de Seguridad Interior de 1991, de Inteligencia Nacional de 2001 y al decreto 727/06. Este último, que reglamentó la Ley de Defensa, establece que las fuerzas armadas solo podrán actuar en casos de agresiones externas perpetradas por otro Estado, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de la ONU de 1974. Ante un panorama adverso a nivel político y sin contar con una mayoría parlamentaria para eso, el Ejecutivo ha avanzado con medidas intermedias como el envío de tropas a la frontera, con la misión de colaborar con la Gendarmería, o la protección de sitios como Vaca Muerta, represas o centrales nucleares. Estas decisiones, que desde su punto de vista no ameritan una modificación de la normativa vigente, se transforman en la punta de lanza para lograr la incorporación de las fuerzas en temas que hacen a la seguridad.

El acercamiento a la potencia del Norte y la necesidad de contar con su venia para lograr el salvataje del Fondo Monetario supone dar apoyo a su política de guerra contra estos nuevos objetivos estratégicos, como son el negocio del narcotráfico y la expansión del terrorismo. Y, sobre todo, la intensificación de la crisis en nuestro país y la concomitante conflictividad social que se avecina, producto de un mayor ajuste y de la aplicación de un modelo que recorta derechos y transfiere riquezas a los sectores más concentrados de la economía, requiere, para el oficialismo, disponer de mayor poder de fuego para reprimir y disciplinar a la sociedad. Ya lo vimos en acción a este concepto en los operativos represivos contra las comunidades mapuches que se cobraron las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Asimismo, se advierte en cada manifestación o protesta donde las fuerzas policiales parecen tener la orden de golpear primero, más que contener o disuadir, justificando el gatillo fácil bajo la llamada doctrina Chocobar.

Estamos ante un escenario muy difícil en lo inmediato, hasta los funcionarios nacionales aseguran que los meses próximos van a ser aún peor, y la única respuesta del gobierno es sacar a los militares a la calle y desandar el camino recorrido por la democracia. Los países que han optado por esto, como México o Brasil, han agravado sus problemas enormemente con el aumento de la violencia y la represión, la violación de los derechos humanos y la agudización de los conflictos sociales. No podemos seguir retrocediendo, se busca deslegitimar y criminalizar la lucha social introduciendo nuevamente la figura del enemigo interno. Cada día se hace más patente que el cambio que prometían es tan viejo y conocido como los intereses que representan.