La fecha del 25 de noviembre fue establecida como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” por la Organización de Naciones Unidas para conmemorar el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana, ocurrido en 1960. Las protagonistas de esta trágica historia fueron víctimas de la persecución política bajo la dictadura del General Trujillo, quien ejerció el poder violando los derechos humanos de manera sistemática en su país entre los años 1930 y 1961.

En nuestro continente, marcado por los golpes de Estado y los regímenes autoritarios sucedidos durante prácticamente todo el siglo XX, es posible encontrar otros tantos acontecimientos de similar envergadura. Pero la violencia sufrida por las heroínas dominicanas se ha convertido en un caso ejemplar de la valentía, la convicción y la lucha de las mujeres y por eso lo recordamos cada año.

En la actualidad, la violencia hacia las mujeres constituye un problema gravísimo para todos los países de la región, y la Argentina no constituye una excepción. De acuerdo a datos ofrecidos por organizaciones feministas, sólo durante el año 2014 murieron un total de 209 mujeres como consecuencia de la violencia machista. Si se compara ese número con años previos, es posible afirmar que los casos de feminicidios han aumentado considerablemente.

A pesar de estas cifras desalentadoras, el año 2015 constituyó un punto de inflexión a partir de la movilización social que generó la noticia de un nuevo caso de violencia de género en la provincia de Santa Fe,  cuando fue encontrado el cuerpo de la adolescente Chiara Páez en Rufino. La terrible pérdida que sufrieron sus familiares, sumado a la difusión del creciente número de víctimas de femicidios, tuvo un impacto muy grande en nuestra sociedad, tanto que la marcha organizada el 3 de junio bajo la consigna “Ni Una Menos” convocó a la ciudadanía de todo el país a movilizarse para demandar respuestas urgentes.

Nuestra ciudadanía ya no quiere más muertes violentas y exige una solución que deberá incluir acciones educativas, preventivas, de contención y atención a las víctimas y sus familiares, como así también la creación de instituciones capaces de atender esta problemática de manera integral. Nuestro proyecto de Ley de creación de fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres, presentado en 2015, se nutrió de ese espíritu solidario que brotó a partir de la desesperanza y persigue crear las condiciones institucionales para que las denuncias sean atendidas apropiadamente, sin prejuicios, estereotipos o revictimizaciones.

La lucha por una sociedad menos violenta requiere de compromisos políticos entre gobierno y  sociedad y las políticas públicas destinadas a frenarla deben llevarse adelante desde el Estado en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal. Cada una de nosotras lleva consigo también el compromiso de lograr una sociedad más solidaria, como mujeres, profesionales, trabajadoras, maestras, esposas, amigas y madres tenemos a nuestro alcance la posibilidad de transformar conductas, hábitos y lenguajes que llevan a la reproducción de formas simbólicas y materiales de violencias hacia las mujeres. Ni una menos no sólo es posible, es necesario para construir una vida sin violencia.