Si bien el asesinato de Chiara Páez en Rufino, de sólo 14 años, cometido supuestamente por su novio, un menor de 16, ha conmocionado la opinión pública por las características macabras que exhibe este caso se puede afirmar que, lamentablemente, no es excepcional. Su difusión en el ámbito mediático ha permitido exponer una problemática social que, lejos de mejorar, está mostrando índices alarmantes a pesar de la falta de datos oficiales. Cada vez más jóvenes y niñas son víctimas de femicidios, es decir, asesinadas como consecuencia de un modelo cultural que denigra a la mujer y ubica al hombre en un lugar de dominio y control sobre ella. La repercusión que ha tenido el llamado a participar de la marcha del 3 de junio, sobre todo a través de las redes sociales, desnuda esta crítica situación y exige de parte del Estado la aplicación efectiva de la ley nacional 26.485 que aborda de manera integral la violencia de género.

Según los relevamientos realizados por la Casa del Encuentro, organización que ante la carencia de estadísticas públicas se ocupa de contabilizar los casos de femicidio publicados en los medios de comunicación y agencias de noticias, cada 30 horas muere una mujer a manos de un hombre perteneciente a su círculo íntimo. De las 277 víctimas por violencia de género producidas en 2014, 36 tenían entre 12 y 21 años. Entre 2008 y 2014, 261 chicas de entre 13 y 21 años fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas y, en la mayoría de los casos, los victimarios tenían entre 17 y 21 años. Esos guarismos, que permiten sólo atisbar la dimensión del drama social, dan cuentan de que aún nos falta recorrer un largo camino para transformar una concepción patriarcal y machista de los vínculos entre los géneros y que se perpetúa en las generaciones más jóvenes, reproduciendo la desigualdad y la violencia que mata. Y a pesar de que las organizaciones de mujeres y militantes feministas han realizado un trabajo encomiable en la visibilidad y abordaje de este flagelo, la tarea de desarrollar mecanismos de prevención y campañas de concientización sistemáticas, que apunten sobre todo a los más jóvenes, debe ser una obligación del Estado.

Por esto, la principal consigna que nos convoca a la marcha bajo la consigna #NiUnaMenos es la urgente implementación del Plan Nacional de Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley sancionada en 2009, lo que significa, entre otras cosas, asegurar el funcionamiento del Consejo Nacional de la Mujer y un presupuesto acorde para lograr tal fin. Reclamamos estadísticas oficiales que permitan elaborar políticas públicas y que se dicte educación sexual integral en todos los niveles, porque sólo se puede comenzar a modificar ese modelo cultural arcaico si se trabaja desde los primeros años fomentando la igualdad entre los géneros. También es preciso garantizar el acceso de las víctimas a la justicia. Desde la provincia de Santa Fe promovemos la creación de fiscalías de género con personal capacitado para poder atender esta problemática y recepcionar la denuncia que, muchas veces, se basa únicamente en la palabra de la mujer y sus hijos. Por último, esta movilización, que en nuestra provincia se llevará a cabo tanto en las principales ciudades como en las localidades más pequeñas, tiene que servir para comprometer a todas y todos en la erradicación de la discriminación y la violencia contra la mujer en su entorno cotidiano, en el ámbito interpersonal, familiar y laboral.