El gobierno nacional habilitó el uso de estas pistolas eléctricas por parte de las fuerzas de seguridad. Según la ONU, constituyen una forma de tortura. Los organismos de derechos humanos se oponen a  su implementación en Santa Fe.

El uso de las pistolas Taser no supone un avance en materia de seguridad, mucho menos una ventaja para la convivencia ciudadana, como se la quiere presentar. Es habitual que los gobiernos que ponen poco énfasis en el cuidado y protección de los derechos humanos, como sucede con el Ejecutivo nacional, promuevan e instalen la utilización de este tipo de armas de electro choque. Las mismas tienen como función la transmisión de cargas eléctricas que descontrolan los músculos motores de las personas, incapacitándolas temporalmente.

Es preciso destacar que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura estableció que el uso de estas armas, en tanto provoca un dolor extremo y, en algunos casos, hasta puede causar la muerte, constituye una forma de tortura y debe ser restringido a casos excepcionales.

Al mismo tiempo, hay que señalar que estas pistolas tienen un alcance limitado, en tanto dependen de la extensión del cable transmisor de electricidad  (aproximadamente 10 metros), por lo que no sirven como reemplazo de las armas letales, que solo pueden ser usadas en situaciones extremas. Es decir, no es factible enfrentar un delincuente, que se encuentra armado, con una Taser porque esta, además de tener menor alcance, es más lenta e imprecisa.

Siendo así, queda claro que el objetivo de la implementación de estas pistolas eléctricas no es reducir el uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad sino, más bien, aumentarlo. Asimismo, lo que se advierte es la posibilidad de que se las utilice como una “picana” en situaciones en las que, hasta ahora, no estaba permitido el uso de arma de fuego.

A nuestro entender, la incorporación de las Taser que promueve Cambiemos sólo puede agravar los problemas de seguridad en un contexto de crisis económica, aumento de la pobreza y de la protesta social y profundización de la violencia.

Dado que se trata de una herramienta ofensiva que solo puede ser efectiva en perjuicio de ciudadanas y ciudadanos desarmados no es recomendable ponerla en manos de la policía sin reglas, ni restricciones claras en cuanto a su utilización. Por el contrario, debemos reforzar las garantías constitucionales y avanzar en la prevención del delito y la promoción de la convivencia ciudadana, evitando la implementación de un elemento de aflicción y castigo que solo servirá para profundizar los niveles de violencia social.