A poco más de un mes de iniciada la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional, nos encontramos con un conjunto de medidas llevadas adelante por “el equipo” del nuevo presidente que, desde el Partido Si, repudiamos por su carácter excluyente. Recientemente, el decreto N°114/2016 expresa la necesidad de llevar adelante reformas en la estructura del Ministerio de Salud de la Nación. En este contexto, nos preocupa especialmente cuál será el destino del Programa  Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), creado en el año 2002.

El programa, que funciona desde 2003, tiene como fin dar cumplimiento a la Ley Nacional Nº 25.673 y garantizar a la población, entre otros puntos, el acceso universal y gratuito a métodos anticonceptivos. Sin embargo, de acuerdo a las denuncias realizadas por organizaciones sociales abocadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, actualmente sus funciones se encuentran suspendidas.

El PNSSyPR tiene como objetivos, además, la prevención de embarazos no deseados, alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que varones y mujeres puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, disminuir la morbi mortalidad materno-infantil, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva.

El impacto que tiene este tipo de programas no puede ser subestimado, ni negado. En términos cuantitativos, sólo en el período 2003/2011 un total de 6 millones de mujeres pudieron acceder  de manera gratuita a métodos anticonceptivos que, de otro modo, les hubieran resultado inaccesibles. Al mismo tiempo, la tarea educativa, preventiva e informativa que desarrolla a través de capacitaciones destinadas a trabajadores y trabajadoras de la salud es de suma importancia para garantizar de manera universal el derecho a la salud en la población.

No nos sorprende, sin embargo, la alarma encendida a partir del nuevo decreto presidencial dado que los criterios de “racionalidad y eficiencia” que esgrime el nuevo gobierno justifican este tipo de decisiones que terminan por poner en segundo plano el rol fundamental que cumplen las políticas estatales en relación a garantizar el acceso a la salud, sin ningún tipo de discriminaciones basadas en la orientación sexual, el género o la situación socioeconómica de las personas.

La salud, en tanto derecho, no es negociable y las políticas públicas destinadas a generar mayores niveles de igualdad entre la población no pueden ser evaluadas con criterios estrictamente económicos. Desmantelar, a través de diferentes medidas, el PNSSyPR implicaría un concepción restringida del rol del Estado en nuestra sociedad, acorde con una ideología que desvaloriza su intervención como mecanismo para garantizar una mejor calidad de vida entre la población. Las argentinas y argentinos ya conocemos cuáles son las consecuencias que este tipo de políticas públicas genera a futuro, apostemos a un presente con más derechos e inclusión para todas y todos.