La destitución de la presidenta Rousseff, a través de un juicio ilegítimo y carente de motivos, sume a la democracia de Brasil en un estado de excepción.

Al final se concretó lo que hace meses se advertía que pasaría en Brasil: la presidenta Dilma Rouseff, tras cinco años y medio de gobierno, fue destituida de su cargo a través de la votación del Senado que avaló un juicio, sin delito ni pruebas, que fue promovido por sus opositores políticos, los sectores más concentrados de la economía, los grandes medios de comunicación y parte del poder judicial.

La decisión de sólo 61 senadores alcanzó para dejar sin efecto lo que 54 millones de ciudadanos votaron en las últimas elecciones presidenciales, haciendo patente el gigante retroceso que, en todos los órdenes, significa este acontecimiento para las democracias en Latinoamérica.

Desde sus inicios, la avanzada contra la mandataria brasileña no se detuvo ni siquiera ante un hecho indiscutible y que vuelve absurdo el proceso contra ella: se la acusó de cometer irregularidades al emplear la transferencia de recursos frente al déficit fiscal, una medida que fue adoptada por otras gestiones anteriores sin ningún inconveniente.

Sin embargo, los sectores de la oposición, que venían conspirando desde que renovó su mandato con un escaso margen, aprovecharon el descontento popular, producto de la crisis social y económica imperante, para abrir el camino al juicio político que condujo al país hasta este golpe de Estado parlamentario.

Si bien el escándalo de Petrobrás no involucra directamente a la líder del PT ni a su par Lula Da Silva, el malestar social y el desprestigio de la imagen del gobierno se vieron acrecentados por las denuncias de corrupción contra funcionarios de todos los partidos que recibieron coimas por parte de empresas a cambio de contratos.

De hecho, muchos de los involucrados y procesados en este caso son los que fogonearon la crisis política y complotaron para lograr hoy la destitución de Dilma. Entre ellos se cuenta al vicepresidente y ex aliado, Michel Temer, quien lideró con sádico oportunismo la campaña en su contra y ahora se hará cargo de la presidencia para completar la caída en desgracia del país vecino.

Por último, el propio proceso de impeachment montado contra la presidenta mostró con crudeza los nefastos intereses que estaban detrás: desde los comentarios machistas y humillantes publicados en los medios de comunicación, pasando por la reivindicación que hizo un diputado de la tortura sufrida por la militante en los setenta, hasta todo tipo de mentiras y agravios vertidos en torno a su figura.

Desde el Partido SI nos solidarizamos con la dirigente del PT, que vuelve a sufrir un nuevo golpe de Estado, y con todo el pueblo brasileño en estas horas aciagas, al tiempo que nos comprometemos a seguir luchando por sostener y avanzar en un proyecto político democrático con eje en la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la defensa del trabajo, la producción nacional y la distribución de la riqueza.

Alicia Gutiérrez – Diputada provincial

Cristian Riom – Secretario Adjunto

Gustavo Gamboa – Secretario General

Partido Solidaridad e Igualdad (SI)