La muerte sorpresiva del fiscal Nisman y su impacto en la arena pública, cuyo punto de inflexión fue la marcha del 18F, ha posicionado como un tema insoslayable de agenda el rol de la inteligencia civil del Estado, sobre todo a partir de la presentación intempestiva que hizo el Ejecutivo nacional del proyecto de Ley que plantea modificar ciertas estructuras y modos de funcionamiento del área.

En este sentido, parece interesante la decisión política de poner en escena y al alcance de la crítica social a un órgano dentro del aparato estatal que se mantenía hasta ahora en las sombras y casi a espaladas de las instituciones democráticas. Porque a pesar de los más de treinta años transcurridos del retorno de la democracia, la SIDE continúa apegada a esquemas de funcionamiento propios de los gobiernos autoritarios y dictatoriales que tuvo nuestro país.

Abierto el debate, nos sumamos al mismo a partir de una serie de reflexiones. Consideramos que proponer una reforma necesaria como esta sin tiempo para el análisis profundo y atendiendo sólo los aportes de los sectores aliados al oficialismo reniega de los mecanismos que ofrece la democracia que suponen el disenso y ulterior consenso.

Para lograr un sistema de producción de inteligencia criminal que sea respetuoso de las instituciones democráticas es preciso garantizar que en el proceso de su construcción puedan ser tenidas en cuenta las distintas miradas de los actores involucrados y la ciudadanía en general y verse representadas a partir de la intervención activa de sus mandatarios políticos.

Así como la oposición debe estar a la altura de la discusión, el oficialismo tiene que permitir el debate y atender los diferentes posicionamientos ideológicos. La imposición de una sola perspectiva, a través de la descalificación de la crítica y la prepotencia de los votos en la cámara, hace caer el compromiso democrático en la propia génesis del nuevo sistema.

Históricamente la inteligencia civil estatal se caracterizó por la marginalidad, el secretismo y la sagacidad para eludir controles. La falta de información que se tiene de su accionar, los oscuros métodos operativos que se suelen emplear, la clandestinidad en la que se mueven sus agentes, la sospecha de una utilización indebida de tiempo y recursos en investigaciones espurias y la ausencia de mecanismos de control de los fondos destinados a su funcionamiento son algunos de los puntos más urgentes a abordar.

Qué tipo de agencia de inteligencia pretendemos como sociedad, qué características debe reunir el personal que allí reviste, cuáles son los temas prioritarios a atender, cuál va a ser la forma de interacción con las restantes instituciones democráticas y demás agencias internacionales de inteligencia, cómo van a rendir cuentas de sus partidas y gastos son algunos de los interrogantes que el Frente para la Victoria no alcanza a dar respuesta a través de este proyecto parcial e inconsulto.

Nos resulta sospechosa e improcedente la pretensión del gobierno de lograr una aprobación express de la Ley. Más que un interés genuino por reformar las agencias cuasi paraestatales de inteligencia, esto indica una preocupación coyuntural ante los últimos acontecimientos que afectaron su imagen pública en pleno periodo prelectoral.

Pero, además, la lectura atenta del proyecto nos permite advertir la clara intención de desarticular a un grupo de poder, conformado por viejos aliados políticos, que hoy se encuentra enfrentado al gobierno y no la de redefinir los mecanismos reales de producción democrática de inteligencia y de control institucional sobre esas estructuras.

Es evidente que el kirchnerismo no cuestiona de base los modos tradicionales de realización de inteligencia criminal en el país, violatoria de las garantías constitucionales. Por eso designó como jefe del Ejército e interlocutor de confianza a César Milani, un militar que, más allá de su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidas durante la última dictadura, hizo toda su carrera profesional en esta área.

En síntesis, si se quiere un cambio real, serio y profundo de este organismo tenemos que poder discutir el rol de contralor que deberían desempeñan los legisladores, el aparato judicial y los funcionarios políticos del servicio de inteligencia nacional. De esta manera no sólo se podrían fiscalizar las partidas destinadas al área y los gastos que implica su funcionamiento, sino también evaluar sus objetivos estratégicos y el accionar de los agentes secretos que allí se desempeñan. Sin embargo, el oficialismo ha decidido una vez más obturar el debate y continuar manteniendo este espacio en las sombras, impidiendo a la opinión pública conocer cómo trabaja y desperdiciando la oportunidad histórica de democratizarlo y someterlo al control del Estado.