La falta de medicamentos para pacientes que padecen VIH y no cuentan con cobertura desnuda una de las facetas más inhumanas del modelo que impulsa el macrismo. La provincia de Santa Fe se hará cargo de proveerlos para que no se interrumpan los tratamientos.

Los funcionarios del gobierno nacional ya han demostrado que la sensibilidad hacia los sectores sociales más vulnerables no es su fuerte. A la eliminación de pensiones por discapacidad y el ajuste a los jubilados y a las asignaciones, se suma ahora la falta de envío de medicamentos para el VIH y Hepatitis C a más de 70 mil personas sin cobertura privada debido a “dificultades presentadas en los procesos de compra”, según informaron. Fieles a su estilo burocrático empresarial, que parece sólo concebir la realidad como fríos números en planillas de cálculo, esperan a que se “regularice la situación”, dejando a la deriva y sin respuesta a los pacientes cuyas vidas dependen del acceso a esos medicamentos, porque si se interrumpe su administración el virus puede generar resistencia. Santa Fe confirmó que cubrirá los faltantes para evitar que las personas deban suspender sus tratamientos, pero es posible que en algunas provincias no puedan afrontar el costo de los mismos.

Como venimos advirtiendo, esta situación, que se repitió el año pasado, no es una simple falla administrativa o una irregularidad excepcional, sino que obedece a una lógica que se viene imponiendo desde que la Alianza Cambiemos asumió el poder. El ajuste social que lleva adelante es generalizado y, sobre todo, afecta a la población más desprotegida que ve permanentemente vulnerados sus derechos básicos, como la salud, mientras se favorece sin disimulo a los grupos más concentrados de la economía. Las organizaciones que presentaron sendos reclamos en representación de los pacientes que padecen HIV han señalado, además, que las “compras de urgencia”, propuestas por las autoridades nacionales para paliar el problema, suponen reforzar el negocio de las grandes empresas farmacéuticas que venden sus productos a precios monopólicos al no pasar por los procesos de licitación pública.

Asimismo, lo sucedido con los antivirales, que pone en grave riesgo la vida de miles de pacientes sin recursos, va en línea con las características centrales del modelo de salud que impulsa el gobierno nacional a través de la CUS (Cobertura Universal de Salud). Este plan de reformas anunciado por el Ejecutivo apunta a lograr la privatización y mercantilización del sistema de salud. El Estado se corre de su rol como proveedor de servicios públicos de salud y se convierte en un comprador de servicios, ya que propone financiar la demanda y no la oferta como lo venía haciendo. Hoy, a pesar de las inequidades en el acceso, no hay límites en cuanto a los tratamientos y servicios que cubre, si alguien necesita atención recurre al hospital o centros de salud más cercano. Lo que se quiere vender como la panacea es en realidad un “seguro para pobres”, con una canasta básica y restringida de prestaciones. Se va a pagar lo que antes era gratis, los medicamentos más caros, como lo que hoy faltan para el VIH, deberán ser abonados por los pacientes si quedan por fuera del paquete.

Como contrapartida, los que defendemos el sistema de salud público y trabajamos para mejorarlo sabemos que las soluciones nunca vienen de la mano del mercado. El desafío ante la ofensiva neoliberal es avanzar hacia un sistema de salud único, gratuito, universal y de calidad, que ponga el eje en la prevención y la promoción de la salud y atienda a las condiciones socio-económicas de la enfermedad, es decir, que considere a la salud como un derecho de todos y no como un negocio para que exploten unos pocos.