La Ley, autoría de la diputada Gutiérrez, fue aprobada en 2016. El objetivo es transformar el ex centro clandestino en un lugar destinado a resguardar la memoria y la historia.

El gobierno de la provincia de Santa Fe efectivizó la expropiación del inmueble conocido como “la Quinta de Funes”, como establecía la Ley aprobada en 2016, que es considerado un sitio emblemático por su utilización como un centro clandestino durante la última dictadura cívico-militar en el que estuvieron detenidos varios militantes políticos que hoy se encuentran desaparecidos.

El propósito de la normativa, cuya autoría le pertenece a la diputada provincial Alicia Gutiérrez, es transformar este lugar destinado a la tortura y desaparición de personas durante el Terrorismo de Estado en un espacio de recuperación, resguardo y transmisión de la memoria social para las próximas generaciones, condición esencial para la vida en democracia.

El Estado santafesino acordó con los titulares de la finca, ubicada sobre la Ruta 9, a la salida del casco céntrico de la vecina ciudad, la compra del inmueble y, de esta manera, se pondrá en marcha el proyecto de convertirlo en un sitio destinado a la educación, la cultura y la memoria, que sirva para conocer el pasado reciente y para construir un futuro donde se privilegie la defensa de los derechos humanos.

“Estamos convencidos que no es posible avanzar sin recordar lo que pasó. La Quinta de Funes es todo un símbolo en la provincia del horror que significó el plan sistemático de desaparición de personas de los genocidas, pero también nos enseña sobre la resistencia y la lucha de los militantes detenidos-desaparecidos y sus familias”, explicó la legisladora la importancia de esta medida.

Este fue el lugar elegido por el dictador Leopoldo Galtieri, entonces jefe del II Cuerpo del Ejército, para tener en cautiverio a 16 personas, mientras pergeñaba un macabro plan para asesinar a la cúpula de Montoneros, en lo que se conoce como “Operación México”.