La Comisión de Derechos y Garantías se reunió con el Colegio de Psicólogos de Santa Fe demandado por sancionar a una profesional que indujo a una niña de 11 años para que no se practicara un aborto legal.

La Comisión de Derechos y Garantías recibió, el 25 de abril último, a miembros del Colegio de Psicólogos de la Primera Circunscripción de Santa Fe. El pedido de audiencia se origina por la preocupación que ha generado una serie de juicios que la entidad enfrenta a partir de una sanción aplicada por el tribunal de ética a una profesional.

El caso, ocurrido en 2017, involucra a una psicóloga, perteneciente a una organización religiosa, que ingresó al Hospital Iturraspe, sin autorización, e indujo a una paciente de 11 años, que fue abusada por un familiar, para que no se realizara la interrupción legal de su embarazo.

“Lo que ha sucedido es gravísimo, no sólo se han violentado los derechos de una niña que fue influenciada por una psicóloga, desde el fundamentalismo religioso y en contra de toda ética profesional, para que no accediera a un aborto legal, sino que la Justicia, además, ha convalidado esta situación”, sostuvo la diputada Alicia Gutiérrez.

La denuncia la habría realizado el equipo de profesionales que atendía, en ese entonces, a la paciente, tras detectar las irregularidades. Las visitas habrían ocurrido durante un fin de semana: la titular de dicha ONG se hizo pasar por miembro de la Subsecretaría de  Niñez  de la provincia, mientras que la psicóloga se presentó ante la niña como amiga de la madre, a espaldas del equipo tratante.

El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal anuló la resolución emitida por el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, que había sancionado a la profesional con apercibimiento público y suspensión de la matrícula por seis meses.

“Consideramos que esto carece de fundamento ya que el Estado delega las sanciones disciplinarias sobre los colegios profesionales. Al mismo tiempo, aparece como una ofensiva y un ensañamiento contra el Colegio de Psicólogos de la Primera Circunscripción y los abogados y las abogadas que llevaron adelante dicho proceso”, afirmaron desde la Comisión tras la reunión.