A un año del balotage que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, desde el Partido SI analizamos lo que dejó estos meses de gobierno de la Alianza Cambiemos.

El triunfo de la Alianza Cambiemos en las últimas elecciones presidenciales de 2015 reconfiguró el diseño del mapa político del país y, en particular, de Santa Fe, en tanto supuso un cambio en casi todos los órdenes en relación a lo que fueron los 12 años previos de gobierno kirchnerista y, al mismo tiempo, provocó (y provoca) una alteración de las viejas alianzas de poder en la provincia.

Desde el Partido Solidaridad e Igualdad, que integramos junto a otras fuerzas el Frente Progresista, consideramos fundamental tomar posición ante el rumbo que ha tomado la nueva gestión nacional con la innegable implementación de políticas de corte estrictamente neoliberal que ya fueron desarrolladas en los años noventa y condujeron a la crisis social más grave que haya tenido registro la Argentina, con su eclosión en diciembre de 2001.

Las numerosas y urgentes decisiones tomadas por el Ejecutivo, con la excusa del “sinceramiento” de la economía, han comenzado a transformar la matriz productiva, con notable impacto en las economías regionales, y han golpeado de lleno en los sectores más vulnerables. Sólo en el transcurso de los primeros meses se generaron más de un millón y medio de nuevos pobres. Al ser consultados por estos datos, los funcionarios macristas ya no tienen inconvenientes en admitir que la consigna “pobreza cero”, enarbolada durante toda la campaña electoral, es una meta deseada, una mera declaración de principios, y no un objetivo concreto.

Si bien se sigue hablando de “la pesada herencia” dejada por la gestión anterior, y pidiendo paciencia y confianza a los ciudadanos que han sido duramente afectados por los aumentos de tarifas, el crecimiento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, entre otras cosas, no han demorado un segundo en responder a los requerimientos de los sectores más concentrados de la economía. Aliados indiscutibles de la coalición gobernante, en muy poco tiempo la administración macrista llevó a cabo una cantidad de medidas, muchas de ellas con la venia del Congreso, que han significado una transferencia sideral de recursos hacia ese reducido núcleo empresario-financiero. Una auténtica puesta en práctica de la “teoría del derrame”.

Entre las políticas más aplaudidas por el establishment, podemos mencionar la fuerte desregulación del mercado cambiario y de las transacciones externas. En primer lugar, la devaluación del peso de hasta un 60 por ciento y el levantamiento de las restricciones a la compraventa de dólares, justificados como una forma de promover la masiva llegada de inversiones, sólo favoreció al capital financiero y especulativo trasnacional.

En cuanto al comercio exterior, se destaca la quita de las retenciones a la minería, que de por sí eran irrisorias, y, sobre todo, la reducción de la alícuota que pagaba la soja. Esto nos habla de un modelo basado en la extracción abusiva de los recursos naturales, la contaminación indiscriminada del medio ambiente, el achicamiento del poder del Estado y la concentración feroz de las riquezas en manos de las empresas multinacionales.

Si bien, dentro del esquema económico ortodoxo que defiende el equipo de gobierno, uno de los principales males es el déficit fiscal, la eliminación de los derechos a la exportación no ha hecho más que agravarlo. Para palearlo se han aplicado importantes recortes en el presupuesto o se han suspendido numerosos programas educativos, sociales y culturales que se venían desarrollando, y se han producido, dentro del ámbito público, gran cantidad de despidos de trabajadores que se suman a los miles que se acumulan en el sector privado.

Y a pesar de que las cuentas no cierran, y que una gran parte de la población se ve arrastrada día a día por debajo de la línea de pobreza, se consideró más necesario y perentorio pagarle a los fondos buitres que no habían entrado al canje de deuda, lo que supuso una erogación de miles de millones de dólares por parte del erario público. De nuevo se utilizó como argumento la apertura al mundo y la lluvia de divisas, que generarían de puestos de trabajo “genuinos”, que nunca llegaron.

Otro Ley impulsada por el gobierno, y aprobada por los legisladores en el Congreso, fue el blanqueo de bienes en el exterior, un premio para aquellos que han incumplido con sus obligaciones tributarias o, directamente, estafado al Estado al esconder sus riquezas en “paraísos fiscales”.

Por otra parte, la marcada retracción de la producción local y de la demanda interna, que anticipa la caída de la actividad económica este fin de año, como consecuencia de todo lo antedicho, se ve agravada por un contexto mundial desfavorable. Al mismo tiempo, la apertura indiscriminada de las importaciones que favorece la administración nacional golpea a las industrias locales que aún no se reponen del incremento de las tarifas. Son numerosas las advertencias que pequeñas y medianas empresas vienen haciendo sobre la imposibilidad de continuar operando en estas condiciones.

Y como consecuencia inevitable de este panorama recesivo ya no se puede negar el aumento del desempleo tanto formal como informal, que suma alrededor de 250 mil nuevos desocupados, con todo lo que eso trae aparejado en términos de pobreza y marginación social. Es claro que esto sirve a los propósitos de disciplinamiento de la clase trabajadora y de retracción del salario real a los que se apuntan para atraer inversiones productivas que no parecen aún dispuestas a desembarcar en el país. Por el contrario lo que se ha multiplicado, ante la escasez de divisas, es la deuda pública ya que la administración nacional recurrió a emisiones masivas de pasivos gubernamentales para tratar de sortear los problemas evidentes ocasionados por sus políticas y no hipotecar sus chances en las próximas elecciones legislativas.

Desde Santa Fe, y ante los intentos nada amigables de los funcionarios nacionales de someter a los gobiernos locales a este modelo de ajuste y exclusión social, debemos unirnos para resistir la avanzada neoliberal que se extiende por toda Latinoamérica y que, vaya contradicción, en nuestro país se presenta bajo la consigna del “cambio”. Seguimos desde el Frente Progresista luchando por un proyecto que hace eje en la igualdad de oportunidades, en el desarrollo productivo, en la dignidad del trabajador y en el respeto de todos los derechos.

Gustavo Gamboa – Secretario General

Partido Solidaridad e Igualdad