Diputados manifestó su preocupación por la decisión de la Cámara Penal de reducir la pena al Indio Blanco, conocido proxeneta rosarino, que fue condenado por explotación y facilitamiento de la prostitución a cuatro años y seis meses de prisión.

La Cámara de Diputados expresó su preocupación ante la decisión tomada por la Justicia Provincial de reducir la pena otorgada a Juan Carlos Enrique Cabrera, conocido proxeneta rosarino apodado Indio Blanco, quien fue condenado por explotación y facilitamiento de la prostitución a cuatro años y seis meses de prisión efectiva, en abril pasado.

Cabrera, dueño del famoso bar La Rosa, una de las whiskerías más conocidas de la ciudad de Rosario, había sido condenado en abril pasado junto a su ex mujer y una encargada del hotel lindero al local. Tras la apelación, la Cámara Penal resolvió, aplicando una excepción a la Ley, otorgarle tres años de prisión en suspenso. Los jueces consideraron que ya no desarrolla una actividad al margen de la ley y que era “desproporcionado” e “injusto” aplicarles una pena efectiva, tras cinco años de proceso.

La diputada provincial, Alicia Gutiérrez, autora del proyecto que propició la declaración de la Cámara Baja, explicó los fundamentos: “En 2013, la Justicia allanó el local y el hotel contiguo, ambos de su propiedad, y comprobó que allí se facilitaba la prostitución. Pero hacía años que integrantes de esta Cámara veníamos denunciando los delitos que se cometían ahí, que suponían graves violaciones a los derechos de las mujeres, y la impunidad con la que se manejaba este personaje”.

La legisladora consideró que es lamentable que la Justicia, cuyos tiempos son muy lentos y siempre tarda en expedirse, haya desandado lo que había podido avanzar en este caso: “Es desalentador ver que, una vez que resuelve y da una muestra positiva a la sociedad, vuelve atrás con una medida que pareciera excepcional y sin razón. No sólo echa por tierra todos los recursos que se gastaron y motorizaron para el juicio sino también, lo que es peor, menosprecia los valientes testimonios de quienes fueran sus víctimas, aquellas mujeres que se animaron a denunciar”.

Ante este claro retroceso para la Justicia, las diputadas y los diputados de Santa Fe le solicitaron al Estado que realice nuevamente un control estricto de su nueva actividad comercial “ya que, recordemos, para el Indio Blanco, admirador de Berlusconi, la explotación de mujeres no revestía ninguna gravedad”.

Por último, Gutiérrez pidió que haya mayor compromiso en la lucha contra la explotación de las mujeres y la promoción de la prostitución, como una de los tantos aspectos que involucra la violencia de género y la trata de personas. “Teniendo en cuenta que este tipo de acuerdos son condicionales, no podemos menos que pretender que los fiscales realicen un verdadero y estricto control sobre su conducta actual y actúen en consecuencia”, concluyó.