Las declaraciones y medidas tomadas por el gobierno nacional, ante los asesinatos en el marco de operativos represivos en el sur argentino, vulneran el Estado de Derecho y anticipan más muertes violentas. La creación del enemigo interno como justificación.

Si bien anticipábamos que la alianza gobernante a nivel nacional, identificada con una derecha liberal en lo económico y conservadora en lo social, iba hacia un modelo de ajuste, endeudamiento y achicamiento del Estado, que es imposible de implementar en nuestro país sin represión y disciplinamiento social, los últimos acontecimientos no dejan de sorprender por su brutalidad e impunidad sin atenuantes.

El mismo día que velaban a Santiago Maldonado, cuyo cuerpo y memoria siguen siendo violentados cada vez que se intenta justificar su muerte liberando a la Gendarmería de la responsabilidad, las fuerzas de seguridad asesinaban por la espalda a Rafael Nahuel, de solo 21 años, como consecuencia de otro operativo represivo de desalojo de una comunidad mapuche, esta vez en Río Negro.

Una vez más asistimos a la creación de un enemigo interno, le dicen “indio”, “extranjero”, “negro”, “terrorista”, “pobre”, “vago” o “piquetero”, para justificar su desaparición forzada, su merecimiento de una bala por la espalda o de una zambullida en el agua congelada. Hoy parece que el epicentro de esa lucha desigual está en el sur del país, totalmente militarizado, donde las comunidades aborígenes, históricamente bastardeadas y sometidas, reclaman por su derecho ancestral a la tierra que hoy está en manos de unos pocos empresarios terratenientes, muchos de ellos también extranjeros, pero “blancos” y “decentes”.

El Estado nacional, que debería proteger a los más débiles ante el atropello de los poderosos, agita el fantasma de la violencia extremista de las organizaciones mapuches, inventa delirantes conexiones con terroristas foráneos y asegura que están fuertemente armados, sin una sola prueba que lo avale, para avanzar con prepotencia en defensa del capital concentrado. Pero lo más preocupante es que van por más.

La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, cuya continuidad en el cargo es otro indicio de que aún no hemos visto lo peor, ha dicho que el gobierno no debe probar la verdad de lo que dicen aquellos que ejercen la violencia en nombre del Estado. Y que dictará una resolución por la cual las fuerzas federales podrán incumplir disposiciones de los jueces, por ejemplo en caso de tomas de tierras o piquetes, si no las consideran legales. Esta iniciativa, a la que se le suma la Ley de flagrancia, que permite actuar a las fuerzas de seguridad sin orden judicial, supone liberar a dichas fuerzas de todo control: una licencia para matar sin consecuencias.

Por eso, la defensa de los derechos humanos, que justamente se conmemoran este 10 de diciembre, y de las garantías que ofrece nuestro sistema democrático ante el abuso y la violencia de las fuerzas represivas estatales es un objetivo prioritario. El saldo doloroso e irreparable que ha tenido la política de seguridad llevada adelante por el Ejecutivo nacional en estos dos años, al que se agrega una cantidad de hechos de similares características, proyecta crecer. Debemos continuar luchando para no retroceder en este sentido y desterrar ese discurso, promovido desde el poder, que avala la muerte y la desaparición de una persona porque “algo habrá hecho”.